Un reciente informe elaborado por investigadores del Conicet ha puesto cifras concretas a una realidad que, aunque latente, suele diluirse en los despachos oficiales: el 5% del territorio nacional se encuentra hoy en manos de propietarios extranjeros. Si bien el porcentaje puede parecer marginal en una lectura apresurada, la profundidad del análisis revela que estamos ante un proceso de concentración de recursos estratégicos que pone en jaque la soberanía territorial y el futuro del desarrollo productivo local.
El estudio, que cruza datos del Registro Nacional de Tierras Rurales con relevamientos catastrales, destaca que la extranjerización no es un fenómeno uniformemente distribuido, sino que se asienta con precisión quirúrgica sobre áreas clave. No se trata simplemente de hectáreas de suelo; se trata de cabeceras de cuenca, de acceso a fuentes de agua dulce, de yacimientos mineros y de zonas de frontera que poseen un valor geopolítico incalculable. La tierra, en este esquema, deja de ser un bien social y productivo para transformarse en un activo financiero de refugio para capitales globales.
En nuestra provincia, y particularmente en el sur mendocino, este fenómeno no nos es ajeno. Hemos asistido durante décadas a la adquisición de grandes extensiones de campo por parte de capitales foráneos que, en muchos casos, terminan cerrando pasos históricos o limitando el acceso a recursos hídricos vitales para nuestras comunidades. El informe de los investigadores advierte sobre esta «balcanización» encubierta, donde la propiedad privada extranjera termina ejerciendo un control real sobre el territorio que muchas veces supera la capacidad de regulación del propio Estado.
La vigencia de la Ley de Tierras, que establece límites a la propiedad por parte de extranjeros, se encuentra hoy en un punto de tensión frente a las políticas de desregulación y apertura irrestricta que impulsa la administración mileísta. El riesgo no es solo la pérdida de la propiedad del suelo, sino la consolidación de un modelo extractivista que no deja valor agregado en nuestras regiones, sino que utiliza el territorio como una mera plataforma de exportación de recursos naturales sin procesar.
Una nación que no tiene control sobre su suelo difícilmente pueda planificar su futuro. La tierra es el recurso más escaso y fundamental que poseemos; permitir que su dominio se desplace sistemáticamente hacia centros de poder externos es renunciar a la capacidad de decidir qué producimos, cómo cuidamos nuestro ecosistema y quiénes tienen derecho a habitar nuestro suelo.
