La reciente decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de adherir al bloqueo de la plataforma de videojuegos e interacción social Roblox en las redes escolares de Mendoza es una medida que debe interpretarse, ante todo, como un acto de protección y principio precautorio frente a los riesgos latentes de la web. Más allá del problema de la conectividad que asola a nuestras escuelas, esta prohibición es un muro necesario frente a los depredadores digitales y los contenidos inapropiados.
Roblox, con su vasta población infantil y su capacidad de permitir interacciones privadas entre usuarios desconocidos, se ha convertido en un campo fértil para el grooming, el acoso y la exposición a temáticas sexuales o violentas. La plataforma, al ser un mundo virtual semi-abierto y descentralizado, escapa al control directo de los docentes y, lo que es más grave, se convierte en un espacio de riesgo donde la identidad de los interlocutores es fácilmente falseable.
La DGE, al tomar esta decisión, está asumiendo su responsabilidad ineludible de custodiar la seguridad física y emocional de los menores. En el contexto escolar, la escuela es un espacio de confianza y no puede permitirse que sus recursos tecnológicos sean la puerta de entrada a ciberdelincuentes. La fragilidad de los menores y la falta de capacitación del personal docente para monitorear cada interacción en tiempo real justifican que, en este caso, la prohibición sea la única opción ética para garantizar la integridad de los estudiantes. No se trata aquí de debatir sobre la libertad digital o la integración pedagógica, sino de la seguridad básica. Mientras la tecnología no desarrolle filtros infalibles y mientras los controles parentales efectivos no puedan ser impuestos en un entorno público como el escolar, bloquear Roblox es la única medida coherente con el deber de protección del menor que debe regir en todo el sistema educativo
