El caso de la Cuesta de los Terneros llegó a la Corte Suprema y se prolonga la definición judicial
A casi 9 años del siniestro, el expediente fue elevado al máximo tribunal del país. La defensa de los imputados habría impulsado la medida, que podría demorar al menos un año y mantiene en incertidumbre a 45 familias.
A casi 9 años del trágico hecho ocurrido en la Cuesta de los Terneros, la causa judicial sumó un nuevo capítulo que vuelve a dilatar una resolución definitiva. El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que implica una extensión de los tiempos procesales y profundiza la incertidumbre de las familias de las víctimas, que desde entonces esperan justicia.
El abogado querellante, Rufino Troyano, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que la situación responde a una instancia impulsada por las defensas de los imputados, quienes buscan revertir las condenas ya dictadas en la provincia de Buenos Aires. “Los expedientes en la Corte normalmente se extienden por muchísimo tiempo”, advirtió, al tiempo que estimó que “la demora va a ser por lo menos de un año, como mínimo”.
Los dos frentes de la causa
El letrado detalló que la causa tiene dos frentes judiciales. Por un lado, el expediente tramitado en Buenos Aires, donde se investigó el rol de la empresa encargada del control automotor que habilitó la circulación del colectivo involucrado en el siniestro. En ese proceso, varios responsables fueron condenados, entre ellos el titular de la firma, Mario Pinelli, quien recibió una pena de 5 años y 2 meses de prisión. También fueron condenados otros implicados con penas de hasta 4 años y 4 meses.
“Para nosotros fue una gran satisfacción las condenas”, señaló Troyano, aunque aclaró que los condenados recurrieron a instancias superiores, lo que derivó en la actual intervención de la Corte Suprema. En ese sentido, remarcó la gravedad de las irregularidades detectadas: “No solamente se ‘truchó’ la documentación en esa empresa, sino 32 casos más pudimos descubrir”.
Documentación adulterada y dolo
Según explicó, el colectivo que protagonizó el hecho no debía estar en circulación. “Son colectivos que estaban dados de baja, y que se ‘truchó’ el año de fabricación”, indicó, y agregó que “este colectivo era 2003, lo transformaron en 2005”, lo que permitió extender su habilitación para viajes interprovinciales.
El abogado fue contundente al rechazar que se trate de un hecho fortuito. “No es un accidente, esto es poner en riesgo a las personas que transportaban”, afirmó, y sostuvo que existió plena conciencia sobre las condiciones del vehículo. “Entendemos que hay dolo porque sabían y tenían la voluntad de poner en circulación un colectivo con el que podía ocurrir lo que hubiera verdaderamente ocurrido”, expresó.
En paralelo, la causa también avanza en Mendoza, donde se investiga la responsabilidad directa en el siniestro. Allí, la situación judicial presenta otro punto de conflicto, ya que el fiscal había solicitado el archivo del expediente al considerar que no había delito, lo que motivó un recurso conjunto entre la querella y el Ministerio Público Fiscal.
La espera de las familias
“Son nada más ni nada menos que 45 familias que están esperando el resultado de toda esta investigación”, subrayó Troyano, reflejando el impacto humano de la prolongación del proceso. “Estamos sumamente preocupados”, agregó, y reconoció que la demora “va generando un estado de incertidumbre, no solamente en nosotros, en las familias fundamentalmente”.
Respecto a las posibles decisiones de la Corte Suprema, el abogado explicó que el máximo tribunal puede confirmar las condenas, reducirlas, ordenar un nuevo juicio o, incluso, en casos excepcionales, modificarlas en otro sentido. Sin embargo, consideró que sería “muy triste que les bajaran las condenas”, dado que “el Estado confió en todas estas personas que resultaron ser verdaderos delincuentes”.
En cuanto a las penas, aclaró que algunas de ellas son de cumplimiento efectivo. “Las condenas para Eusebio y Pineri son de cumplimiento efectivo”, indicó, aunque señaló que otras imputadas, como Marcia Villagra, enfrentan además cargos en la Justicia mendocina, lo que podría modificar su situación.
Troyano también explicó que una eventual confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema tendría impacto en el proceso local. “Si la condena queda firme, es una prueba irrefutable”, sostuvo, en relación al rol de la propietaria del colectivo, quien también está imputada en San Rafael. Finalmente, el abogado insistió en la gravedad de lo ocurrido y en la responsabilidad de los implicados. “Ellos son garantes de la seguridad del pasajero”, afirmó, y recordó el estado del vehículo: “Hay que tener ojos para ver el colectivo, el estado calamitoso en que se encontraba”.