El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, ha sellado un importante convenio con el Colegio de Agrimensura (CAM) para analizar la titularidad de aproximadamente 600 inmuebles en la provincia. Este acuerdo busca agilizar y transparentar los procesos de regularización dominial, especialmente en casos de juicios de prescripción adquisitiva y programas de políticas de tierra.
Ramiro Canet, director provincial de Gestión de Bienes Registrables del Estado, explicó que su dirección maneja diversos programas de regularización dominial y leyes de arraigo, los cuales requieren un informe detallado sobre la situación de los inmuebles. «El Colegio de Agrimensura brindará un apoyo crucial en la elaboración de estos estudios, determinando si existe interés fiscal por parte del Estado en defender la propiedad o si se trata de un conflicto entre particulares», expresó el entrevistado a FM Vos 94.5.
Canet aclaró que, aunque el convenio se centra en un universo de 600 inmuebles, no todos son necesariamente propiedad del Estado. En muchos casos de juicios de prescripción adquisitiva, el estudio se realiza para confirmar que el inmueble no pertenece al Estado, permitiendo que el proceso entre terceros siga su curso. Sin embargo, en otros programas de regularización, como las leyes de arraigo o la nueva ley de desarrollo de proyectos productivos (que reemplazó a la de colonización), el informe es fundamental para verificar si se trata de un bien estatal que puede ser vendido a quienes lo han ocupado por décadas.
Proceso de estudio y beneficios de la alianza con agrimensura
El proceso de estudio de cada inmueble es directo: la solicitud llega a de Gestión de Bienes Registrables del Estado, se traslada al Colegio de Agrimensura, quienes recaban información del registro y de sus propias bases de datos, y finalmente emiten un informe que precisa la titularidad del bien.
«La alianza con el Colegio de Agrimensura ofrece múltiples ventajas. La dirección contrata el servicio al colegio, quienes a su vez determinan los agrimensores encargados, asegurando un reparto equitativo», destacó Canet.
«Además, esta modalidad resulta mucho más económica que contratar a agrimensores de forma individual para cada estudio, garantizando que el trabajo sea realizado por profesionales controlados por el propio colegio», añadió.
Más adelante se refirió a los desafíos y las proyecciones a futuro. «El universo exacto de inmuebles en situación irregular o bajo procesos de prescripción es imposible de determinar, ya que no se puede prever cuántos juicios de prescripción o programas de regularización se iniciarán. No obstante, esta prueba piloto con los 600 estudios permitirá tener una proyección más precisa a futuro», afirmó.
«Actualmente, la provincia atiende un promedio de 100 casos por año que requieren este tipo de informes, incluyendo los de prescripción adquisitiva. La nueva ley de desarrollo de proyectos productivos busca acelerar la transferencia de tierras estatales a particulares que demuestren una ocupación y trabajo en el inmueble, fomentando así el crecimiento de la matriz productiva», contó a modo de cierre.
