El conflicto que atraviesan los trabajadores judiciales en Mendoza volvió a quedar expuesto en medio de un escenario que combina reclamos salariales, denuncias por la falta de negociación y el estancamiento del convenio colectivo de trabajo. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el delegado gremial Mauro Díaz explicó en detalle los motivos que sostienen la protesta y el alcance real de las medidas que se vienen aplicando en los últimos días. Según señaló, todo comenzó cuando, “a mitad de año el gobierno cortó el diálogo paritario, nos dio un aumento por decreto, cortando cualquier tipo de negociación”. Esta decisión generó un descontento generalizado, especialmente porque, como explicó, “hoy en día un empleado judicial esté ganando 740.000 pesos de bolsillo” y ese monto “apenas está superando los índices de la canasta básica, apenas estaría superando lo que sería ya el límite de la indigencia”.
Díaz remarcó que la crisis salarial se profundiza cuando se compara lo que percibe la mayoría del personal respecto de los valores actuales de subsistencia. “La canasta básica para no ser pobre estamos en 1.200.000 más o menos hablando hoy en día”, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, advirtiendo que esta situación limita seriamente la posibilidad de sostener una economía familiar mínima. A esto se suma un punto que, según el gremio, fue determinante para llegar al paro: el freno en el avance del convenio colectivo de trabajo, un reclamo histórico que había empezado a tomar forma. “Luego de un conflicto grande se logró que la Corte firmara lo que sería la redacción del convenio colectivo de trabajo”, recordó. Ese documento, señaló, implicaba “una nueva carrera judicial, condiciones laborales, regular el tema de ascensos que sea por concurso y no como pasa hoy en día que son a dedo los ingresos”, junto con mejoras salariales y organizativas. El compromiso fijaba septiembre como fecha límite para su salida, pero ese plazo se cumplió sin avances. “Cuando llegamos a esta fecha, ya elaborado el proyecto y todo, la Corte dejó de atendernos el teléfono, no hubo más reuniones”, puntualizó.
La tensión se incrementó aún más cuando el presidente de la Corte dio declaraciones públicas que, según el gremio, nunca se cumplieron. “No sé si escucharon hablar al doctor Garay cuando fue reelecto como presidente de la Corte: públicamente dijo que la semana pasada se retomaba la redacción del convenio colectivo y cosa que no pasó”, expresó Díaz. Señaló que el sector venía intentando evitar un paro total, pero que este incumplimiento los obligó a avanzar con las medidas de fuerza. “A raíz de sus declaraciones públicas y de que no cumplió con lo que dijo él mismo fue que decidimos ir al paro”, afirmó. Desde ese momento, los judiciales aseguran no haber vuelto a recibir ninguna señal de diálogo por parte de la conducción del Poder Judicial. “Directamente no nos atienden, no nos reciben”, planteó. “Nos enteramos de que iban a llamarnos porque lo dijo públicamente. No sabemos qué pasó. No sabemos qué circunstancias llevaron a que retrocedieran en esa decisión”.
El plan de lucha incluyó distintas instancias de paro según el área de trabajo. Díaz explicó que “la medida de fuerza fue sábado, domingo y lunes para oficinas fiscales y cuerpo médico forense”, sectores que funcionan durante fines de semana y feriados. Luego, agregó, “martes y miércoles fue el resto del personal que se sumó al paro. Hoy (por ayer jueves) estamos en asamblea”. El acatamiento, según explicó, ha sido dispar según el departamento. “Ha sido bastante variado: en algunos lugares casi un 90%, en otros un 35%”, manifestó. En promedio, estiman entre un 50% y un 60% de participación. En el caso de San Rafael, indicó que fue uno de los porcentajes más bajos: “San Rafael estuvo en un 35% más o menos de acatamiento”.
Más allá del reclamo puntual, Díaz subrayó que el debate trasciende lo salarial. Aseguró que la transformación del Poder Judicial exige un nuevo enfoque y mejores condiciones internas para ofrecer un servicio acorde a lo que hoy demanda la ciudadanía. “La justicia cambió; antes ingresabas y cosías un expediente. Hoy la digitalización nos lleva a un poder judicial diferente, más ágil y efectivo”, afirmó. Según expresó, ese es justamente el objetivo detrás del convenio colectivo: avanzar hacia “una justicia más ágil, más rápida, más eficiente, con mejores recursos y mejores condiciones laborales”. El delegado remarcó que esto impacta de manera directa en la calidad del servicio: “Si adentro se está bien, eso se traslada hacia la sociedad”.
