El Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuestiona algunos puntos del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón”

El Gobierno Nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley que contempla modificaciones a la Ley Penal Tributaria, al Procedimiento Fiscal, al Código Civil y Comercial de la Nación y propone además un nuevo régimen simplificado para la declaración jurada de ganancias. El objetivo central, según lo expresado desde el Ejecutivo, es incentivar a los ciudadanos a utilizar los denominados “dólares del colchón”, mediante garantías legales que les den mayor seguridad para ingresar esos fondos al circuito formal sin correr riesgos penales o tributarios.

Para conocer una mirada técnica sobre esta propuesta, Diario San Rafael y FM Vos 94.5 dialogaron con el contador Renzo Gili, delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en San Rafael, quien brindó un detallado análisis sobre los aspectos más relevantes del proyecto.
“En primera medida, se trata de reformar el régimen penal tributario, el procedimiento fiscal, el Código Civil y Comercial y el régimen de esta declaración jurada de ganancias simplificada que ha manifestado el Gobierno Nacional”, explicó el contador. Según detalló, el proyecto ya ingresó por la Cámara de Diputados y será tratado en tres comisiones: legislación penal, hacienda y presupuesto.
El Consejo Profesional tuvo acceso anticipado al texto para colaborar técnicamente en el debate legislativo. “Hemos tenido la posibilidad de tener de antemano este anteproyecto de ley a los fines de enriquecer un poco el tratamiento que le quiere dar el legislador. Notamos ciertas, no sé si falencias, pero sí aspectos que creemos que pueden mejorarse”, señaló Gili.
En ese sentido, el pasado jueves se realizó un desayuno de trabajo entre profesionales del área, del que surgió la iniciativa de elaborar un documento con aportes. “Estamos tratando de sacar un documento entre martes y miércoles, en donde lo que tratamos de buscar es que este proyecto, que para nosotros es un poco corto, por así decirlo, se pueda enriquecer un poco más”, expresó.
Uno de los puntos que generan preocupación entre los especialistas es el monto de las nuevas sanciones. “Por ejemplo, antes el régimen penal tributario establecía que si vos evadías, con una evasión simple en tributos, ya sea IVA, ganancias, bienes personales, impuestos nacionales, el tope, digamos, era un millón y medio de pesos, eso fue actualizado en el 2018. Ahora se quiere modificar y llevarlo a la suma de 100 millones de pesos, lo que nos parece algo correcto, porque es lógico que los números se vayan incrementando”, sostuvo. No obstante, el problema aparece en el régimen de procedimiento y las multas por omisiones involuntarias.
“Hoy, por ejemplo, la omisión de una declaración jurada —por ejemplo, te olvidaste del IVA, se cortó la luz, no lo pudiste presentar— va a pasar de 200 pesos para personas físicas a 220.000 pesos de multa, y de 400 pesos a 440.000 para personas jurídicas. Nos parece un poco gravosa, teniendo en cuenta que hay fundaciones, asociaciones civiles y demás que muchas veces enfrentan situaciones complejas para cumplir con estos trámites”, explicó Gili.
Por ese motivo, desde el Consejo se promueve una segmentación de sanciones: “Nuestra idea es aportar en una segmentación, por ejemplo, en donde las asociaciones civiles tengan otro ranking de multas. Después se puede segmentar a través de lo que es el certificado MIPYME, donde tenés distintos tramos de empresas”, propuso.
El análisis no se queda solo en el aspecto técnico. Gili también compartió su mirada sobre el objetivo político y económico del proyecto, que busca incentivar el blanqueo de ahorros no declarados. En ese sentido, fue cauto. “Esto es una apreciación personal en cuanto a lo que uno ha podido vivir de la historia de este país. A veces uno tiene ese signo de interrogación: ¿este es el tiempo para hacerlo?, ¿se hará?”, planteó.
En paralelo, se mostró crítico respecto de los incentivos reales que tiene hoy el contribuyente para ingresar sus fondos al circuito legal. “La palabra clave es la confianza. Hay algunas dudas de cómo se va a implementar esto de la declaración jurada de ganancia simplificada. Hasta que no esté bien plasmado todo en la normativa, esa seguridad jurídica de la que hablamos es muy difícil de transmitir al contribuyente”, manifestó.
Sobre la declaración jurada de ganancias simplificada, una de las novedades del proyecto, Gili advirtió que no será aplicable a todos los contribuyentes. “Tienen que cumplirse tres puntos de manera concurrente. Ya ha manifestado también el presidente que en cuanto al patrimonio no se lo va a tener que mostrar más. Antes hacías un estado de situación patrimonial al inicio, al cierre, y tenías el monto consumido. Bueno, todo eso, si te adherís al régimen simplificado, en teoría no lo vas a tener que exteriorizar”, explicó. Y agregó: “El Estado, o el ente recaudador en este caso, va a disponer de los elementos, porque tampoco sabemos cómo, para que directamente por tus ventas menos los gastos que vos has tenido en el año fiscal te dé el tributo a pagar”.
Consultado sobre si esta medida puede tener impacto en el consumo, sobre todo en la adquisición de bienes durables como autos o propiedades, fue prudente: “Volvemos al tema de la confianza. Si no hay confianza, es muy difícil que la gente saque los dólares del colchón. Las cámaras empresarias de Mendoza también están alertas en este sentido, y ya hubo reuniones con funcionarios para analizar estos puntos”, indicó.
Finalmente, Gili destacó que “el contribuyente necesita seguridad para que lo que queda escrito se cumpla verdaderamente”. Y concluyó: “Pagás y directamente tenés efecto liberatorio en cuanto a que cumpliste material y formalmente la declaración jurada. Eso en teoría, pero aún queda mucho por definir”.