El coronavirus y las cárceles

En medio de la situación que vive nuestro país y una gran parte del mundo por la pandemia de covid-19, uno de los desafíos que tienen los gobiernos -el argentino con particular urgencia- es la lucha por el delicado equilibrio sanitario que deben lograr sus unidades carcelarias.
No está de más recordar, a priori, que la Constitución Nacional establece que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a trabajar, a estudiar, a la salud, a vivir en un ambiente sano y limpio, a su seguridad e integridad personal, a la vida, a la dignidad y a la no discriminación. Es a partir de este marco que ofrece la Carta Magna desde donde debe, entonces, respetarse la cadena de soporte médico y sanitario intramuros, continuar con la asistencia médica y control sanitario de los internos, seguir los tratamientos prescriptos por el personal médico del Servicio Penitenciario y propender a que los reclusos cumplan con las exigencias de la cuarentena obligatoria, entre otras medidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó, en el inicio de la pandemia, a los Estados a “adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad siempre que fuere posible, evitando el hacinamiento, lo que evidentemente, puede contribuir a la propagación del virus”.
La pandemia no hizo más que poner de manifiesto la crisis que desde hace años se vive en el sistema carcelario, con los ya conocidos problemas de superpoblación, hacinamiento, insuficiente atención médica y psicológica, entre otros factores.
Si alguien quisiera propagar el coronavirus a propósito, encerraría a muchas personas en espacios hacinados e insalubres, con escasa ventilación, acceso esporádico al agua, atención médica deficiente y muy pocas pruebas para detectar infectados. Es decir, diseñaría una cárcel típica latinoamericana.
Los gobiernos y los jueces deben actuar con urgencia intentando mejorar esas condiciones, y no actuando como se hizo de dejar salir a presos como violadores y ladrones peligrosos sin ningún criterio serio y responsable. Es una cuestión de vida o muerte, no solo para los reclusos, sino también para la población en general.

Compartir

¿Quién avala la toma de tierras?

Artículo anterior“Los sanrafaelinos han hecho un esfuerzo heroico en esta cuarentena”
Artículo siguienteFrase