Formulada por Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra y reexaminada por Martin Heidegger para explicar la degradación del espíritu moderno, la sentencia «el desierto avanza» encierra una advertencia que excede por completo la mera transformación geográfica. El desierto no es únicamente la aridez de la tierra, algo que los mendocinos conocemos de sobra; es, en este caso, la erosión sistemática de los lazos comunitarios, el secado de la empatía y la reducción de la existencia humana a un cálculo frío e individualista de supervivencia. Cuando una comunidad pierde sus redes de contención, el desierto deja de ser un concepto filosófico para convertirse en una dolorosa realidad cotidiana.
En la Argentina de los últimos tres años, este fenómeno ha adquirido una velocidad alarmante. Bajo la promesa de una libertad abstracta que oculta el repliegue del Estado de sus responsabilidades básicas, lo que efectivamente avanza sobre el territorio nacional es un proceso acelerado de desertificación social. Esta retirada ha dejado deliberadamente a la intemperie a los sectores más vulnerables: a los jubilados que ven erosionados sus haberes frente al costo de vida, a los estudiantes golpeados por el desfinanciamiento de la educación pública, las personas con discapacidad despojadas de coberturas y prestaciones esenciales, y -ahora- las familias que se han visto obligadas a endeudarse para sobrevivir, en un flagelo que el Ejecutivo mileísta considera, apenas, “un problema entre privados”.
Todo este desmantelamiento material se ve sistemáticamente acompañado por una constante dinámica de agresiones verbales y embates en redes sociales impulsados desde las más altas esferas del poder nacional, consagrando la descalificación como método oficial de debate público.
Este clima de hostilidad y ajuste encuentra un reflejo directo e inmediato en la realidad local. El avance de la aridez se percibe en la paralización de las obras públicas indispensables para el desarrollo regional, en la contracción de la actividad comercial y en la angustia de miles de esas familias que se han endeudado y, ya, caído en mora. La historia de nuestro departamento, construida sobre el valor del esfuerzo colectivo, la producción agrícola e industrial y el arraigo territorial, se ve amenazada por una concepción que subordina el bienestar común a los fríos e insensibles equilibrios de una planilla de cálculo.
Ninguna comunidad puede proyectar un futuro sustentable si contempla con resignación cómo la desolación gana terreno sobre la dignidad humana. La verdadera libertad no florece en la intemperie ni prospera sobre la vulneración de los más débiles; requiere, por el contrario, un suelo fértil donde la educación, el trabajo y la solidaridad garanticen la cohesión social. Frenar la expansión de este desierto exige volver a poner en el centro del debate público la defensa de lo colectivo y el compromiso ineludible con la protección de toda la comunidad.
