Días atrás, la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza dio sanción final a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario.
Esta iniciativa, que se convirtió en ley el miércoles pasado, sufrió modificaciones en su tratamiento en el Senado, por lo que volvió en revisión a la Cámara Baja.
Actualmente, la provincia cuenta con más de 20 establecimientos y casi 7.000 personas privadas de libertad, incluyendo 607 en prisión domiciliaria. La nueva ley pretende equilibrar las necesidades de los internos con su relación a los establecimientos, incorporando avances significativos en la estructura penitenciaria.
La nueva estructura organizativa tiene como objetivo maximizar la operatividad y funcionalidad del servicio penitenciario, proporcionando herramientas para una gestión más eficiente y enfocada en la capacitación constante del personal penitenciario. Además, busca reducir la burocracia, agilizar el sistema y optimizar el servicio en general.
«Dentro de un paquete de 11 leyes que presentó el Poder Ejecutivo con el fin de optimizar los recursos y que la seguridad sea más eficiente en Mendoza, se trató en materia penitenciaria esta normativa. La Ley Orgánica data del 2008, cuando se creó Mendoza contaba con cerca de tres complejos penitenciarios y alrededor de 2.600 internos. Hoy, ese número ha crecido a más de 20 unidades penitenciarias y más de 6.500 internos. Entre las mejoras que contempla el proyecto, se crean tres grandes regiones para desburocratizar y mejorar las tomas de decisiones, con el fin de distribuir de manera más equitativas los recursos financieros», dijo a FM Vos 94.5 Eduardo Orellana director del Servicio Penitenciario de Mendoza.
«Estas tres regiones son: Centro, Oeste y Sur. Esta última tiene la base de operaciones en San Rafael, pero incluye a General Alvear y Malargüe. Cada una de las regiones van a hacer conducidas por tres prefectos generales. Los lineamientos de trabajo son seguridad, tratamiento, administración y organismo técnico. Al director general se le otorga la facultad de reglamentar la clasificación y la categorización de las personas y de los edificios para su mejor agrupamiento», agregó.
«La nueva norma busca ordenar los distintos sistemas de administración penitenciaria, enfocándose en seguridad, salud, educación, tratamiento y asistencia. Además, permitirá realizar clasificaciones eficaces de los internos, considerando diversas variables como género, edad, estado de salud y antecedentes de conflictos, para establecer prisiones equilibradas y seguras», destacó.
Luego, señaló cuáles son los principales objetivos que se plantean para el sur provincial. «Actualmente, nuestra meta principal está centrada en construir una nueva prisión en el sur de la provincia. A fin de reemplazar el edificio de la Avenida Mitre de la ciudad de San Rafael. En ese sentido, ya se han presentado diferentes proyectos para formular el presupuesto y asignar el terreno», aseguró Orellana.
Por otra parte, indicó cuáles son los problemas más profundos que afectan al Servicio Penitenciario. «Hay un incremento del índice del delito. Por lo tanto, un aumento de la población carcelaria. Hay que evitar que las nuevas modalidades del delito se cometan desde una prisión», sostuvo.
«El sistema está relacionado directamente con la sociedad que tenemos. Uno puede tomar un modelo de otro país, pero en nuestra región no existen esas leyes que lo regulan. De todas maneras, se trata de plasmar lo que funciona y no cometer errores. La autocrítica es muy importante. Muchas veces se desarrollan programas propios, un ejemplo de ello fue cómo Mendoza se administró en la época de pandemia en relación a seguridad y salud», valoró el director del Servicio Penitenciario.
Al final de la entrevista, opinó sobre algunas de las reformas penitenciarias que plantea el gobierno nacional, entre las cuales se destaca que los presos trabajen y se paguen su propia comida. «El trabajo y la educación son históricamente los pilares del tratamiento en todas las cárceles del mundo. No es verdad que los presos no trabajan. Las cárceles las mantienen los presos y las pintan ellos mismos. Hay presos que las rompen, otros se dedican a cuidarlas. Nuestro trabajo consiste en dotarlos de habilidades para que cuando recuperen la libertad tengan mayores posibilidades de reinsertarse en la sociedad. De hecho, por este tema, hemos hecho varios convenios con empresas privadas. Tampoco estoy de acuerdo en su privatización. Las cárceles son un tema ineludible del Estado. Lo que habrá sugerido el presidente es una coexistencia entre el sector público y privado. El Estado no puede desligarse de las cárceles, ni de la seguridad, ni de la salud y la educación», completó.
