La problemática de las personas en situación de calle ha dejado de ser un fenómeno marginal para consolidarse como una de las postales más dolorosas de la crisis social que atraviesa nuestra provincia. Frente a esta realidad, la Legislatura provincial ha comenzado a debatir un proyecto de ley que busca un abordaje integral de la situación, centrado en la salud mental y en la creación de un Registro Único de Personas en Situación de Calle. Si bien la iniciativa representa un paso institucional necesario para intentar cuantificar y dar visibilidad a este sector de la población, es imperativo reflexionar sobre los límites que el frío análisis numérico impone ante semejante tragedia humanitaria.
Las estadísticas oficiales, que muchas veces resultan insuficientes o no logran representar de manera cabal a la totalidad de quienes viven en la vía pública, corren el riesgo de convertirse en un analgésico social. Detrás de cada cifra o de cada porcentaje que se debate en las comisiones legislativas, se esconde un entramado de dramas humanos imposibles de capturar en una planilla de Excel que, de nuevo, muchas veces no son fehacientes en la cantidad.
La pérdida de los lazos familiares, el flagelo de las adicciones, el deterioro irreversible de la salud física y la desatención crónica de las patologías de salud mental son realidades que escapan a cualquier censo o registro formal. La indigencia no es un estado puramente económico; es el estadio final de un proceso de deshumanización y exclusión donde el individuo pierde, antes que el techo, sus derechos más fundamentales.
En nuestra comunidad, el fenómeno se manifiesta de forma cada vez más evidente en los espacios públicos, tensionando la capacidad de respuesta de las organizaciones civiles y de las delegaciones estatales locales que intentan paliar una demanda que supera sus recursos.
Las bajas temperaturas del invierno cuyano imponen, además, una urgencia temporal que la burocracia legislativa -y luego ejecutiva- no puede ignorar, exigiendo mecanismos de articulación inmediata que traduzcan las intenciones del proyecto en herramientas de asistencia territorial concretas para toda la provincia.
La creación de un marco normativo que aborde la salud mental y los consumos problemáticos como ejes centrales de la vulnerabilidad en la calle es un avance conceptual valorable, puesto que reconoce que la asistencia habitacional o alimentaria es apenas un paliativo superficial. Sin embargo, para que esta ley no se transforme en una declaración de buenas intenciones carente de presupuesto y aplicabilidad real, el Estado debe asumir la responsabilidad de un abordaje verdaderamente integral. Registrar el problema es apenas el diagnóstico; el verdadero desafío ético y político radica en diseñar políticas públicas de fondo que devuelvan la dignidad a quienes han sido empujados a los márgenes más profundos de nuestra comunidad.
