Javier Alberto Fernández, quien fue Fiscal de Estado subrogante durante un año, dejó el cargo que ocupaba en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para transformarse en colaborador de la Suprema Corte de Justicia.
Fernández estuvo transitoriamente al frente de la Fiscalía de Estado durante la gestión de Francisco Pérez, tras el jury de enjuiciamiento que destituyó a Joaquín de Rosas, en abril de 2014. Ocupó el lugar hasta la llegada de Fernando Simón, que logró el aval del Senado y se convirtió en fiscal a mediados de abril de 2015.
Luego Fernández continuó desempeñándose como fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado, hasta que en mayo de 2018 se trasladó a la Oficina de Ética Pública, donde se convirtió en director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales.
Ahora el funcionario dará un nuevo salto para «asumir un nuevo desafío profesional, por haber sido comisionado a solicitud de la Sala Administrativa y Penal de la Suprema Corte de Justicia para colaborar con ese Alto Tribunal», según destaca la resolución 4 de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, publicada esta semana en el Boletín Oficial.
Su lugar en esa dependencia que comanda Gabriel Balsells Miró fue ocupado por Sebastián Giordano.
«Agradecer al Dr. Javier Alberto Fernández por los destacados servicios e invaluables aportes efectuados en beneficio de esta Alta Contraloría, solicitando la anotación en su legajo ante Fiscalía de Estado», señala el artículo 2 de la resolución.
Fernández llega a la Corte como adscripto por pedido del juez José Valerio, «debido a la experiencia, conocimiento y especialización en materia de Derecho Administrativo». Pero antes de dar ese paso, hacía falta la aprobación del fiscal Simón, que llegó a través de otra resolución, fechada el 12 de noviembre pero publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Allí Simón revocó «la asignación en comisión» de Fernández a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y dispuso su adscripción, «con la clase y situación de revista que actualmente posee», al Poder Judicial de la Provincial.
Fuente: El Sol
