El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró culpable este martes al exjuez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y como jefe de una asociación ilícita destinada al cobro de coimas, al concluir que utilizó la función judicial como una herramienta para obtener y legitimar beneficios económicos ilegítimos. El veredicto comenzó a leerse pasadas las 15 y avanzó durante la tarde con el análisis de cada uno de los hechos atribuidos al exmagistrado y a otros integrantes del entramado investigado.
Antes de ingresar al fondo de la cuestión, el tribunal resolvió una serie de planteos formulados por las distintas defensas. En ese marco, hizo lugar parcialmente a un pedido de prescripción penal respecto de los delitos cuya pena máxima no supera los dos años, pero rechazó ese planteo en relación con los cargos de asociación ilícita, lavado de activos y otros delitos de mayor gravedad. También desestimó los planteos de nulidad introducidos durante los alegatos finales, que no fueron acogidos por el tribunal.
Al comenzar el análisis sustancial del caso, el TOF sostuvo que “se tiene por probada la comisión del delito de lavado de activos”, y afirmó que los acusados integraron un entramado familiar orientado a ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al patrimonio bajo una apariencia de legalidad. Según se expuso desde el estrado, “cada integrante cumplió una función específica, coordinada y complementaria”, y “el grupo familiar fue utilizado como una estructura de soporte de lavado de activos”. En ese contexto, el tribunal afirmó que los hechos acreditados configuran una expresión paradigmática de corrupción judicial, en tanto “se utilizó la función judicial como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”.
En ese esquema, los jueces asignaron a Bento un rol determinante. Indicaron que “su intervención fue determinante”, ya que seleccionó oportunidades de inversión, definió la estructura de titularidad y canalizó fondos a través de la estructura familiar. También señalaron que seleccionó de manera deliberada a los integrantes del grupo familiar que aparecerían como titulares de los bienes, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del delito.
Walter Bento, ex titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza con competencia electoral, fue hallado responsable de utilizar su función judicial para obtener dinero a cambio de decisiones ilegítimas, según sostuvo el tribunal en su veredicto (Captura)
El tribunal mencionó de manera expresa a la esposa del exmagistrado, Marta Boiza, como parte fundamental del engranaje patrimonial, y sostuvo que Luciano y Nahuel Bento participaron en “operaciones propias y cruzadas al interior del entramado familiar”, orientadas a justificar titularidades y movimientos de dinero. Incluso, según se indicó desde el estrado, no fue excluido del esquema un hijo con discapacidad, ya que se colocaron bienes a su nombre —inmuebles, vehículos y locales—, instrumentalizando su situación personal para justificar titularidades. En ese escenario, el tribunal remarcó que “se advierten las tipologías típicas como indicadores de lavado de activos”.
Al avanzar sobre el segundo eje del proceso, el TOF abordó la asociación ilícita. Aclaró que el desarrollo completo será expuesto en la redacción de los fundamentos, pero adelantó que tiene por acreditado que la organización funcionó desde el año 2007, con una estructura estable, permanente y orientada a delinquir. En ese sentido, sostuvo que “la estructura, la permanencia en el tiempo, la división de roles y la efectiva obtención de resultados judiciales demuestran la existencia de una asociación ilícita típica, organizada para delinquir”.
En ese marco, el tribunal declaró culpable a Walter Bento como jefe de la asociación ilícita destinada al cobro de coimas, y afirmó que “desde esa posición, Bento ordenaba el curso de las maniobras”. Según señalaron las juezas, el objetivo del engranaje fue “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, y “Bento convirtió la función judicial en una mercancía”, al aprovechar su cargo como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, para direccionar expedientes y resoluciones.
El TOF identificó además a Diego Alfredo Aliaga como el principal operador y nexo entre los integrantes de la organización, al señalar que “Aliaga era una pieza clave del engranaje delictivo”, encargado de articular contactos y garantizar el funcionamiento del circuito de sobornos.
A las 15.30, la presidenta del tribunal continuó con la lectura del veredicto y avanzó sobre los hechos vinculados al delito de falsedad ideológica. En primer lugar, analizó el caso de un crédito hipotecario subsidiado otorgado en 2011 por el Banco Nación, y sostuvo que Walter Bento y su esposa lo “solicitaron y obtuvieron sin reunir los requisitos de la ley y la normativa vigente”. Según indicó, “al momento de solicitarlo, el matrimonio ya era propietario no de uno sino de múltiples inmuebles, y esa sola circunstancia los excluía del universo de destinatarios legítimos”.
El fallo acreditó que el exmagistrado encabezó un entramado familiar para ocultar fondos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad, con participación de su esposa y de sus hijos en operaciones patrimoniales cruzadas (Adrián Escandar)
En ese marco, el tribunal explicó que “la falsedad ideológica se consuma con la sola introducción consciente de lo falso en un instrumento público”, y precisó que “lo que se protege es la fe pública”. Según afirmó la jueza, esas maniobras “les permitieron acceder a un beneficio económico que no les correspondía”.
Luego, el TOF abordó el caso de la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, y sostuvo que en la escritura pública celebrada en 2021 “se hizo insertar una declaración objetivamente falsa”, atribuida a Bento y a Boiza. En particular, indicó que Boiza declaró no encontrarse alcanzada como persona políticamente expuesta, lo cual resultó falso en función del cargo que ejercía su esposo al momento de la operación.
El juicio oral comenzó en julio de 2023 y llegó a esta instancia tras más de 130 audiencias, la declaración de alrededor de 300 testigos y el análisis de un volumen significativo de prueba documental y digital. Al debate oral llegaron acusadas 28 personas, aunque la acusación del Ministerio Público Fiscal se sostuvo finalmente respecto de 25 imputados.
Durante los alegatos finales, la fiscalía —integrada por María Gloria André y Dante Vega, junto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel— había solicitado que Bento fuera condenado como jefe de una asociación ilícita, además de responsabilizarlo por cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados al uso indebido de la función judicial.
Bento llegó a este veredicto detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, donde permanece desde noviembre de 2023, cuando fue destituido por mal desempeño por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y perdió los fueros de inmunidad de arresto.
Con la declaración de culpabilidad, el proceso ingresará ahora en la etapa de cesura, en la que se discutirán las penas que corresponderán a cada uno de los condenados. El tribunal informó que los fundamentos completos del veredicto serán presentados en una resolución posterior, donde se desarrollará en detalle el encuadre jurídico de los hechos que dio por probados.
Fuente: Infobae
