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viernes 30, de septiembre , 2022

El fiscal dice que se buscó engañar al Congreso en relación con las obras asignadas a empresas de Báez

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 afirmó esta semana que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se buscó engañar al Congreso en relación a las obras asignadas a las empresas de Lázaro Báez.

El fiscal Diego Luciani aseguró en su alegato acusador que 17 de las 51 obras investigadas en esta causa “no fueron incluidas” en ninguno de los presupuestos nacionales entre 2004 y 2015, por lo que afirmó que no estuvieron a la ”vista de los legisladores para ejercer su debido control”.

El representante del Ministerio Público Fiscal asevero que “durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez” y opinó que las “severas incongruencias sólo buscan engañar al Congreso de la Nación”.

En el marco de su sexta audiencia de alegato, el fiscal Luciani dijo tener probado que el supuesto direccionamiento de obras públicas viales y el presunto desvío de fondos en favor de las empresas de Báez “fue financiado por el Poder Ejecutivo a través de decisiones administrativas de la entonces presidenta Cristina Fernández y, en años anteriores, del entonces presidente Néstor Kirchner”.

Las alegaciones del fiscal, que en su mayoría ya estaban contenidas en el requerimiento de elevación a juicio que se leyó hace 3 años en el inicio del debate, ya habían sido contestadas por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su indagatoria, cuando relató cómo se confecciona un presupuesto en la república Argentina y cómo se ejecuta.

Quienes recuerdan aquella exposición aventuraron que la defensa de la exmandataria volverá sobre aquellos conceptos pero ahora vinculándolos a cada una de las afirmaciones de la fiscalía: se exhibirá qué tratamiento recibieron los fondos destinados a cada obra y cómo fue la posterior aprobación de las cuentas de inversión.

Las fuentes consultadas también repararon en que la fiscalía acusó a los dos expresidentes de haber cometido delitos supuestamente vinculados a la ejecución del presupuesto cuando esa atribución corresponde al jefe de Gabinete.

Así lo declaro la expresidenta en su indagatoria: «En el año 1994 se introduce la figura del jefe de gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”.

El alegato de la fiscalía continuará el martes de la semana que viene, día para el cual también se espera que los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini y Andrés Basso, definan sobre las recusaciones que esa mañana se plantearon contra su colega Rodrigo Giménez Uriburu y contra los fiscales Sergio Mola y Luciani.

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