El Gobierno nacional decidió avanzar por la vía judicial para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ganar tiempo en un escenario que combina presión económica y fallos adversos. La administración de Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la normativa, mientras evalúa incluso recurrir en queja a la Corte Suprema si el tribunal rechaza el planteo.
La estrategia oficial apunta a evitar, al menos de manera transitoria, el cumplimiento de una ley que implicaría un costo estimado en 2,5 billones de pesos. En la Casa Rosada advierten que afrontar ese desembolso podría hacer “volver el déficit” fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico. Sin embargo, el margen es acotado: la norma ya fue ratificada en primera y segunda instancia judicial, lo que configura un escenario complejo para el Ejecutivo.
Si la Cámara convalida el pedido, el caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aun así, cerca del oficialismo reconocen que resulta poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo. Sin esa herramienta, el Gobierno debería comenzar a transferir los fondos para evitar un “limbo procesal”. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, admitió una fuente oficial, que además señaló al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como responsable de reordenar las partidas.
Del lado de las universidades, el malestar crece. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, cuestionó la falta de diálogo y reclamó la apertura de paritarias. Según detalló, los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida del 33% frente a la inflación, y necesitarían un incremento cercano al 48% para recuperar poder adquisitivo.
Los datos del Consejo Interuniversitario Nacional refuerzan el cuadro crítico: las transferencias a las universidades registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. En ese contexto, el frente universitario advierte que la situación es insostenible sin una actualización urgente del financiamiento.
La tensión amenaza con trasladarse a la calle. Rectores y gremios ya trabajan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera quincena de mayo, en caso de que no haya respuestas inmediatas. La protesta buscará visibilizar el deterioro presupuestario y exigir una recomposición salarial.
