El Ministerio de Justicia anunció que iniciará el trámite para la designación de 200 jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal.
El Ministerio de Justicia de la Nación “ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales existentes en el Poder Ejecutivo”, informó la cartera en la red social X.
Según lo que indica el decreto y lo informado por el Ministerio de Justicia, se verificarán los antecedentes penales de los postulantes, así como la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales.
El procedimiento exige que cada aspirante forme parte de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, asegurando la revisión y el examen de cada postulación por distintos organismos y habilitando la posibilidad de objeciones fundadas por parte de cualquier persona de la sociedad civil.
Se trata de la segunda medida del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, oficializado en el cargo el pasado jueves.
Tras la jura, el funcionario había adelantado que la cobertura de cargos para mejorar el funcionamiento y la celeridad en las causas que se tramitan en la Justicia federal aparecía entre sus primeros objetivos.
El Ministerio de Justicia habilitará entonces procedimiento de selección y el envío de los pliegos que disponga el presidente Javier Milei.
La primera medida de Mahiques fue desginar, el pasado viernes, a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro, máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado, quien el pasado viernes presentó una moción de emergencia para suspender el proceso judicial de búsqueda de información exigido en la causa por la nacionalización de la petrolera YPF que se tramita en tribunales de Nueva York.
Mahiques es exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y en 2022 fue parte de un escándalo conocido como ‘Lago Escondido’, que se desató con la revelación de un viaje secreto a la propiedad patagónica del magnate Joe Lewis junto a otros funcionarios, empresarios, exagentes de inteligencia y jueces, entre los que se encontraba el magistrado Carlos Mahines, su padre.
Por este caso, ambos fueron imputados en 2022 por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas” en una causa que terminó archivada en 2023.
