El gobierno nacional busca derogarla moratoria previsional: qué impacto tiene sobre las jubilaciones

El proyecto de Ley Bases enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei propone derogar la última moratoria previsional aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023, por 2 años y prorrogable por otros 2 años.
El proyecto del Frente de Todos se aprobó entonces por 134 votos a favor y 107 en contra y permitió que durante el año pasado se jubilaran 460.000 personas sin los años de aportes necesarios para ello.
En caso de que la ley 27.705 sea derogada al ser aprobado el proyecto impulsado por el Gobierno, aquellos que no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años y percibir el 80% del haber mínimo sin derecho a la pensión por viudez.
«Lo que se está derogando es mucho más que una moratoria, sino que se trata de la ley 27.705 que se sancionó en el 2023. El artículo 274 de la ley Bases, que deroga el plan de pago de deuda previsional, pone al desamparo a mujeres y varones que sin estas facilidades no podrán acceder al beneficio previsional, porque cumplida la edad jubilatoria sin alcanzar los 30 años, no pueden ‘comprar’ (pago anticipado) esos aportes. Les están quitando la posibilidad de jubilarse», expresó a FM Vos 94.5 Marisa Uceda, abogada especialista en casos previsionales.
«Si se logra la derogación, muchos argentinos no van a poder alcanzar el beneficio previsional. El tema afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Solo una de cada diez mujeres logra los 30 años de aporte. «A las mujeres se las deja en un limbo Jubilatorio», graficó.
«El mayor problema es que las mujeres nos jubilamos a los 60 años, es decir, que emplazadas por nuestros empleadores quedaremos fuera del sistema, porque a los 60 no tendrán que seguir sosteniéndonos como trabajadoras registradas y hasta los 65 años no hay sistema provisional que nos cobije», amplió.
Luego, remarcó que la moratoria logró tener un costo fiscal bajo. «El Fondo de Garantías de Sustentabilidad recuperó su cuantía tras perder el 60% desde 2015 hasta 2019. Esta metodología se aplicó con gran virtuosidad porque preveía el financiamiento del sistema con el aporte voluntario anticipado de los trabajadores activos. El sistema recibía un doble aporte y la persona llegaba a la edad jubilatoria sin deuda alguna», fundamentó Uceda.
«Hay muchas personas que, por distintas circunstancias, pese a trabajar, de haberse esforzado mucho, no tuvieron todos los aportes. Dentro del sistema de trabajadoras de casas particulares solo el 12 % está registrada en ANSES. Lo mismo sucede con los trabajadores en las fincas, cafés y restaurantes. Encima con la derogación de la moratoria se está aprobando la eliminación de las sanciones para aquellos que tienen personal sin registrar. No creo que todas estas medidas traigan algún beneficio al sector que trabaja en la informalidad», apuntó.
«Muchas personas trabaron 25 años para una empresa y le deben 10 años de aportes. El 70% no llega a los 30 años de aportes. La solución no pasa por dejarlos afuera del sistema. Hay que incentivar el blanqueo a futuro y darle una respuesta a toda esta gente en lo inmediato», completó la abogada especialista en casos previsionales.