Teniendo en cuenta los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional contra los prestadores que prestan servicios a las personas con capacidades diferentes, miembros de diferentes entidades vinculadas al tema se manifestaron este jueves al mediodía en el centro sanrafaelino, replicando la marcha que el miércoles en Buenos Aires fue noticia nacional por la represión policial.
Hace algunos días el Gobierno Nacional oficializó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y en su reemplazo, se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, lo cual ha recibido grandes críticas. Según el Foro por la Discapacidad, el Gobierno no ha brindado soluciones a la mora sostenida que mantienen organismos como PAMI –entre otros– que poseen retrasos de varios meses en el pago de servicios a los profesionales.
Este miércoles se produjo un acampe en Buenos Aires que fue duramente reprimido por personal policial, lo que ha despertado quejas de organismos de todo el país. En San Rafael, este jueves se desarrolló una manifestación en el kilómetro cero, que contó con la presencia de integrantes de distintas entidades, entre ellas el Centro Terapéutico de Tratamientos Integrales (Cetin), miembros de un equipo de transportes, madres que forman parte de “Familias genias”, centros de día, APRID y del Centro de Intervención para personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA).
En diálogo con Diario San Rafael, Sol De Lusarreta, integrante del Cetin, explicó que “la realidad es que no ha habido muchos cambios, ya que si bien salió la Ley de Emergencia en Discapacidad, la implementación cuesta, y de hecho cambiamos de mes y no hay un boletín oficial que nos dé cuenta del supuesto aumento o ajuste mensual”. “Iba a haber una recomposición que no está y esa es la realidad de cada uno de los centros. Sigue siendo todo complejo y los gastos fijos siguen aumentando”, advirtió y agregó que “el punto es que empieza a peligrar la calidad de los tratamientos en cuanto a la cantidad de sesiones, los tiempos de atención porque esto es una cadena: los profesionales trabajan y viven de esto, también hay aumentos en los costos fijos y eso hace que todo el mundo quiera cubrir sus necesidades, lo que termina impactando en el tratamiento y no es la idea de ningún profesional”. “No es que desde ahora la discapacidad está en emergencia sino que es algo que se viene arrastrando, pero estamos llegando al ‘cuello de la botella’ que impacta significativamente”, aclaró.
Patricia Veneziale, directora y representante legal de CITEA, señaló que “la realidad es grave, hay una situación muy compleja que viven familias y prestadores, y además se están vulnerando los derechos de los chicos”. “En este momento hay instituciones que han cerrados sus puertas, en nuestro caso, y esperamos respuestas del Gobierno ya que no han implementado bien la Ley de Emergencia en Discapacidad”, amplió y se mostró crítica además de que “no haya manera de financiar las instituciones, lo que repercute gravemente en los chicos que tienen que asistir a los colegios, que necesitan apoyos en las escuelas y terapias que requieren de equipos profesionales” expresó al cierre de al entrevista.
