El Gobierno de Mendoza oficializó cambios en el Reglamento de Ejecución del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), con la publicación del decreto 1258 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en el Boletín Oficial.
La medida, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, busca agilizar los procesos de inscripción de empresas, ampliar la participación en licitaciones y mejorar la calidad técnica de la obra pública.
El RACOP es un registro obligatorio para empresas que pretendan ejecutar obras públicas en la provincia. La nueva normativa introduce modificaciones sustanciales, entre ellas, la eliminación de restricciones técnicas por especialidad, lo que permitirá una mayor concurrencia de oferentes en los distintos tipos de obras.
También se suprimió el 37% de la documentación exigida para el registro, en línea con el objetivo de desburocratizar el sistema y facilitar la incorporación de nuevos actores al mercado.
“Queremos que todos tengan la posibilidad de realizar obra pública. No a las apuradas, pero si relajando mucho la barrera de entrada. Básicamente permitiendo mejores condiciones para acreditar la capacidad económica”, afirmó el ministro Natalio Mema en declaraciones con el programa Opinión en LVDiez.
El esquema reformado prevé una estructura más clara para el funcionamiento del RACOP, con áreas técnicas y administrativas organizadas bajo una Dirección y una Subdirección, además de un Consejo con participación mixta entre Estado y sector privado.
Además, establecieron sanciones para empresas que incumplan el reglamento, lo que busca dotar de mayor transparencia y previsibilidad al sistema.
Uno de los puntos destacados del decreto es la incorporación de criterios específicos para empresas extranjeras interesadas en participar en licitaciones, y la regulación detallada de la Capacidad Económica Financiera de Ejecución Referencial (CE), indicador clave en la evaluación de contratistas.
También se incorporó un sistema de clasificación por especialidades, que permite identificar con mayor precisión el tipo de obras o servicios que puede realizar cada empresa.
Las empresas proveedoras de materiales y servicios quedarán alcanzadas por el régimen, aunque con un procedimiento de evaluación diferenciado respecto a las constructoras. Como medida transitoria, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de agosto de 2025 la validez de los certificados actualmente vigentes, para facilitar la adecuación al nuevo sistema.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-gobierno-oficializo-cambios-en-busca-de-agilizar-la-obra-publica/
