El Gobierno oficializó la intimación a los anestesiólogos para que vuelvan a trabajar
El conflicto entre el Gobierno y los anestesiólogos se mantiene caliente. Tras la decisión de más de 60 profesionales de no renovar sus prestaciones en los hospitales públicos, como método de presión para conseguir importantes mejoras salariales, el Ejecutivo impulsó y logró la aprobación exprés de una ley de Emergencia que lo habilita a convocarlos a trabajar, con la amenaza de sancionarlos si se niegan a retomar sus tareas.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la resolución 996 del Ministerio de Salud, fechada el 23 de mayo y firmada por la titular de la cartera, Ana María Nadal. «Convocar a los profesionales que hubieran estado cumpliendo funciones, previas al 31 de marzo de 2022, en los Servicios de Anestesiología de los Hospitales del subsector público de la Provincia de Mendoza», sostiene el artículo 1 de la normativa, que se apoya en la Ley de Emergencia del sector.
En un anexo de la resolución, el Gobierno publicó los nombres de los 60 anestesiólogos a los que convocó a trabajar y los hospitales donde deben prestar servicio. Aunque el texto aclara que «el Ministerio podrá ampliar la nómina de profesionales convocados».
La convocatoria, de acuerdo con fuentes de la cartera sanitaria, ya se realizó. Incluso, agregan que algunos profesionales se presentaron voluntariamente a trabajar, situación negada desde el sector de los anestesiólogos autoconvocados.
La resolución aclara que la convocatoria a la prestación del servicio «se realizará bajo la modalidad y condiciones que cumplía el profesional previo al mes de marzo de 2022». De todas maneras, las autoridades de cada hospital podrán modificar esas condiciones «de acuerdo a las necesidades del servicio y previa notificación fehaciente al profesional convocado».
En tanto, el artículo 5 afirma que el profesional convocado deberá cumplir con la efectiva prestación del servicio durante 120 días, un plazo que puede ser prorrogado.
El profesional que no asista a trabajar al hospital deberá justificar su ausencia. En ese caso, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos analizarán si corresponde la justificación como fuerza mayor.
«En caso contrario, la Dirección General de Asuntos Jurídicos elevará al Honorable Consejo Deontológico las actuaciones a los fines de evaluar el inicio de sumario«, indica un anexo de la resolución.
Los anestesiólogos presentaron un recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la ley de Emergencia. Sin embargo, de acuerdo con fuentes oficiales, ya se abrió un proceso disciplinario contra unos 60 profesionales que, pese a las notificaciones, decidieron no retomar sus prestaciones.
Una vez que concluya ese proceso, el Comité Deontológico determinará el tiempo de suspensión de las matrículas, que puede ser de 1 a 5 años, según la normativa. Además, en caso de efectivizarse esa decisión, quedarán inhabilitados también para trabajar en el sector privado.
Fuente: El Sol