El Gobierno provincial cerró el conflicto salarial con la Asociación de Funcionarios Judiciales, gremio que estuvo de paro el año pasado. Debido a la paralización de expedientes y pericias psiquiátricas que generó la medida de fuerza, ahora en el Poder Judicial estudian cómo recuperar el trabajo que se acumuló entre las medidas de fuerza y la feria judicial.
Este sindicato fue el único que no aceptó la propuesta paritaria de la Provincia a finales del 2022, y realizó una huelga de 14 días durante diciembre. La entidad representa a unos 800 trabajadores, entre ellos, secretarios de juzgados, ayudantes fiscales, abogados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y contadores, entre otros.
El paro afectó a diversas unidades organizativas del Poder Judicial, como el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa y Pupilar, explicó Marcelo Fekonja, al frente de la Asociación.
“El atraso es importante, afecta a las actividades de todos los fueros. Las tareas se van a ir recuperando de acuerdo al atraso que se ha sentido. Vamos a tratar de acordar cómo vamos a hacerlo en el menor tiempo posible”.
Una posibilidad que evalúa el gremio es armar un esquema en el que se sumen horas de trabajo y luego se devuelvan los días a los empleados. Aunque aún no hay nada decidido, indicaron desde el Poder Judicial.
El sector más afectado fue el Cuerpo Médico Forense, por lo que la mayor preocupación está en retomar las pericias psiquiátricas, ya que el organismo judicial estuvo funcionando con guardias mínimas, sumado a la feria judicial de enero que resiente a su vez el servicio.
La huelga también obstaculizó el avance de expedientes en el fuero de Familia y el Civil.
Parte de los funcionarios judiciales tienen a su cargo la organización de los grupos de trabajo en los juzgados, la agenda interna de audiencias y la elaboración de resoluciones y sentencias, entre otras cosas.
Cómo se destrabó el conflicto
Las medidas de fuerza se suspendieron en enero para no generar más inconvenientes en medio de la feria judicial, época en la que también hubo un parate en las negociaciones, que se retomaron esta semana.
Allí, las partes firmaron incrementos de 9% a diciembre y 5% para enero, febrero y marzo, tal como aceptó el resto de los gremios estatales.
El Gobierno indicó que la propuesta fue “elaborada en conjunto”, y que el acuerdo se logró al atender a uno de los reclamos que venía haciendo el gremio, principalmente, que la oferta incluyera un ítem específico. Esto fue algo que el Ejecutivo contempló para los otros sindicatos estatales, pero no para los funcionarios judiciales.
Finalmente se firmó que los tres puntos que estaban incluidos en el ítem 3422, compartido con otros empleados del Poder Judicial, sean aplicados al 1180, adicional específico de los representados por Fekonja.
Ahí estuvo la llave que destrabó el conflicto, al menos por ahora, ya que “quedaron temas pendientes” para tratar cuando se abran las paritarias 2023. “Hay cosas para mejorar, como los ítems de algunos sectores de los funcionarios, reasignaciones de clase y contratados”, explicó el gremialista. Las paritarias 2023 están previstas que comiencen en marzo.
Pero también el sindicato tuvo que ceder y levantar la medida de fuerza por los fuertes descuentos salariales que se aplicaron a los empleados por no asistir a sus lugares de trabajo. Esto hizo que la presión a través de la huelga se volviera insostenible.
Estos trabajadores se encuadran entre la clase 1 y 7. Los ubicados en el piso inferior cobran, en bruto, entre 210.968 y 323.802 pesos.
La falta de acuerdo había enojado al gobernador Rodolfo Suarez, quien en su momento afirmó: “Todos arreglaron menos ellos; tienen muy buenos sueldos y en enero no trabajan. Están con una pulseada absurda. Entre ellos están los equiparados a magistrados”.
La amenaza del SUTE
Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), tras una reunión del Consejo de Secretarios Generales, decidieron comenzar con asambleas departamentales, y que “si no hay convocatoria paritaria antes del 10 de febrero próximo”, activarán un “plan de lucha”.
El gremio conducido por el kirchnerismo, de la mano de Carina Sedano y Gustavo Correa, quiere iniciar las negociaciones antes del inicio del ciclo lectivo, que será el 27 de febrero.
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque las paritarias abrirán en marzo, según lo pactado, no descarta solicitar sentarse a conversar un mes antes. Todo dependerá de los niveles inflacionarios que se registren en las próximas semanas, explicó Roberto Macho.
Fuente: El Sol
