El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó los controles sobre las viviendas sociales y este año ya inició 413 expedientes por distintas irregularidades. Según explicó su titular, Gustavo Cantero, más de la mitad de esos casos ya fueron resueltos y solo una proporción menor termina con la pérdida definitiva de la vivienda.
“Este año llevamos iniciados 413 expedientes con el tema de estas situaciones. Ya están resueltos 253 casos”, detalló Cantero. En buena parte de esos expedientes, los adjudicatarios lograron regularizar su situación, ya sea cancelando o refinanciando la deuda, o resolviendo problemas vinculados con la ocupación de la propiedad.
El funcionario destacó que la cantidad de casos que finalmente terminan en una desadjudicación es mucho menor. “Terminás con aproximadamente no más de un 10%, menos de un 10% anual de casos de desadjudicación total, porque la gente viene y regulariza su situación”, afirmó.
Detalle de las desadjudicaciones
Los controles del IPV apuntan a detectar casos en los que las propiedades son utilizadas de manera irregular o se aprovecha el beneficio habitacional para hacer negocios.
De los 413 expedientes iniciados durante 2026, 28 ya cuentan con resolución para avanzar con la desadjudicación definitiva.
Cantero explicó que el IPV se encuentra a la espera de la plena aplicación del nuevo procedimiento de desalojo y trabaja en la capacitación de los jueces de paz para poder avanzar judicialmente en estos casos.
El objetivo, según remarcó, es diferenciar entre quienes atraviesan dificultades para pagar su vivienda y aquellos adjudicatarios que alquilan la propiedad, realizan negocios con ella o falsearon información para obtener el beneficio habitacional.
“La gente está tomando conciencia de que las casas tienen un valor y que hay que pagarlas”, sostuvo el titular del IPV, y señaló que la atención al público del organismo “se ha triplicado” debido a la cantidad de adjudicatarios que se acercan para buscar alternativas y regularizar su situación.
“El 95% de los casos se resuelve que la gente viene, cancela su deuda o se pone al día”, afirmó.
Qué pasa con una casa cuando el IPV la desadjudica
Una vez que una vivienda es desadjudicada, el IPV analiza primero quiénes están ocupando actualmente la propiedad.
Si se trata de una familia que cumple con los requisitos establecidos por el organismo, puede acceder a la adjudicación de esa misma vivienda. Entre las condiciones se encuentran no tener otra propiedad, contar con ingresos familiares de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles y estar inscripta en el Registro de Necesidades Habitacionales, entre otros requisitos.
En esos casos, el IPV actualiza el valor de la vivienda y establece un nuevo esquema de cuotas, de acuerdo con las condiciones vigentes.
“Le damos una solución a las personas que lo necesitan y además actualizamos el valor de la vivienda, de forma que el Estado empiece a cobrar cuotas razonables”, explicó Cantero.
De esta manera, una familia que actualmente ocupa una vivienda desadjudicada podría quedarse con ella si demuestra que necesita la solución habitacional y cumple con las condiciones exigidas por el organismo.
El escenario cambia cuando quienes viven en la propiedad ya tienen una vivienda o no reúnen las condiciones para acceder a un beneficio del IPV.
En esos casos, el IPV trabaja junto con los municipios para determinar quiénes serán los nuevos beneficiarios. Para eso se tienen en cuenta los registros de personas que necesitan una solución habitacional.
Además, pueden establecerse prioridades para determinados grupos. Cantero mencionó, por ejemplo, situaciones en las que interviene la Justicia para garantizar una solución habitacional a mujeres víctimas de violencia de género o familias con personas con discapacidad.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-ipv-avanzara-con-la-quita-de-28-viviendas-por-morosidad-y-alquileres-irregulares/
