En una serie de medidas dirigidas a «silenciar» al líder opositor ruso, Alexéi Navalny, el Tribunal de la Región de Moscú rechazó la apelación presentada por la defensa contra su arresto por 30 días, mientras que las fuerzas de seguridad realizaron múltiples allanamientos que tuvieron como objetivos viviendas y oficinas de familiares y colaboradores del principal crítico del presidente Vladimir Putin.
«Esto es una gran violación de la ley. Lo que ocurre es simplemente imposible», protestó el dirigente, quien participó por videoconferencia en la audiencia, exposición que también aprovechó para enviarle un mensaje el Kremlin: «No lograrán asustar a decenas de millones de personas que han sido robadas por ese gobierno».
Navalny, cuyos abogados elevarán un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que su clienta no deba permanecer en la prisión de Matrósskaya Tishiná hasta el 15 de febrero, buscó torpedear «médicamente» el argumento que usó la Fiscalía -«no se apersonó ante las autoridades pertinentes por la condena en suspenso que le fue dictada en 2014 por lavado de dinero»- para apresarlo el 17 de enero en un aeropuerto moscovita apenas retornado de Alemania. «No pude cumplir tal requisito porque estuve internado allí casi 5 meses -contragolpeó- para ser tratado por un envenenamiento con una sustancia neurotóxica», ataque que atribuye a Putin.
«Antes del problema de salud que esgrime, ya había infringido esa norma, solamente en 2020 en 6 ocasiones», replicaron los acusadores, que insistieron en pedirle al tribunal que convierta en «efectiva» la mencionada pena
CON EL SELLO DE LA KGB
En plena madrugada y en operaciones simultáneas, la policía irrumpió en la sede capitalina del Fondo de Lucha contra la Corrupción (creación del referente opositor), en el departamento de Navalny donde vive su esposa Yulia, y en los domicilios de varios de sus lugartenientes, un cuarteto de los cuales quedaron presos, como su hermano Oleg, su «mano derecha» Liubov Sóbol, su médica Anastasia Vasilyeva y una de las voces de la banda musical Pussy Riot, María Aliójina.
La Justicia les imputa la violación de las reglas sanitarias anticoronavirus por las multitudinarias movilizaciones antigubernamentales del sábado pasado, cuando acabaron detenidos casi 4.000 personas. Además, les abrieron una causa penal por llamar a tomar parte de dichas marchas «no autorizadas» a menores, «cuyas vidas pusieron en riesgo».
Lejos de amedrentarse, la oposición convocó a otra jornada de protestas para el domingo, que en Moscú tendrán como epicentro la sede del Servicio Federal de Seguridad (ex KGB). En este clima de máxima tensión, la policía volvió a advertir sobre «graves consecuencias» si los manifestantes no desisten de sus planes.
Amnistía Internacional, que considera a Navalny un preso de conciencia, denunció «la ola de represión destinada a aplastar el creciente reclamo popular en Rusia».
