El miércoles vence el decreto que suspendía los desalojos: millones de inquilinos en riesgo

El último día de marzo vencerá la vigencia del DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos por falta de pago, que fuera instrumentado por el Gobierno Nacional para evitar una de las consecuencias de la pandemia: la reducción de ingresos familiares y los eventuales problemas para hacer frente al precio de los alquileres.

La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de marzo próximo, y hasta el momento no está previsto que sea extendida, como ocurrió en enero pasado.

Se estima que unas 8 millones de personas alquilan su vivienda en nuestro país, para lo que destinan aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos familiares para cubrir los gastos que ello implica.

Según los resultados de una encuesta del CELS y el IDAES-UNSAM en el AMBA, durante el aislamiento establecido tras la aparición de la pandemia, en marzo del año pasado, el 66,6 por ciento de los hogares inquilinos tuvo menores ingresos y el 42,3 por ciento asumió deudas de alquiler.

De acuerdo a datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la caída del decreto que en concreto prohíbe los desalojos traerá consigo una oleada de desalojos y «significará, también, un aumento de las personas en situación de calle«.

Ante ese panorama, la Federación de Inquilinos Nacional presentó este viernes una carta al presidente Alberto Fernández para pedir la extensión del decreto, «para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región», alertan.

La carta cuenta con las firmas, entre otras personalidades, de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Colectivo Ni Una Menos, Juan Grabois, el dirigente de aceiteros Daniel Yofra, el dirigente sindical Hugo Godoy, la legisladora Ofelia Fernández, el diputado Walter Correa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Por su parte y ante el cese de la disposición, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Así, el Gobierno prevé asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto, lo que «representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias», dijo el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.

«Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas», señalo el funcionario.

También explicó que se hará «un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad«.

«Impulsamos una nueva Ley de Alquileres que por primera vez regula y protege al sector más vulnerable de la relación contractual, que es el inquilino. También un Plan Nacional de Suelo Urbano, para regularlo, porque sin suelo urbano no hay vivienda», destacó Scatolini.

Para la ACIJ, sin embargo, dicho Protocolo «tan solo está destinado a recabar información, sin establecer mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país«.

En ese sentido, la Asociación reclama al Estado una serie de medidas urgentes ante lo que califica como una «crisis habitacional»: «Un programa de desendeudamiento para los hogares inquilinos, prorrogar la prohibición de desalojos mientras dure la crisis sanitaria e impulsar políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda».