El movimiento de un expediente expuso el vínculo entre empresarios y la Municipalidad de Las Heras
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, registró movimientos durante los últimos días en el Ministerio Público Fiscal. El expediente, que permanecía con escasa actividad desde hacía tiempo, sumó nuevas medidas de prueba, actividad de la querella y oficializaciones en la defensa del jefe comunal radical.
Entre las novedades aparece la designación de Gonzalo Guiñazú como nuevo abogado defensor de Lo Presti y de su ex esposa, Natalia Salcedo. El letrado figura además como apoderado de Selfix SRL, la empresa que opera la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de El Borbollón y que actualmente es controlada por el empresario Diego Dumit. Se trata de la compañía que, como reveló este medio, protagonizó una disputa con Alfredo Vila Santander y que terminó con Dumit convirtiéndose en el dueño total del negocio de la basura que opera en suelo lasherino.
En paralelo, el abogado Raúl Burela, representante de la querella y defensor del exintendente Daniel Orozco y de la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz en otras causas judiciales, incorporó nueva documentación y pedidos de prueba ante el fiscal Juan Tichelli. Entre otras medidas, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal desde 2015 hasta la actualidad, además de la imputación de Lo Presti y Salcedo.
La denuncia original contra Lo Presti data de 2023 y fue formulada por la ahora ex concejal de Las Heras Priscila Maturano. Todo ocurrió en el marco de un clima de tensión política generado tras la salida de Daniel Orozco del frente Cambia Mendoza y de las posteriores imputaciones por parte de la Justicia en lo que respecta a las famosas causas de cooperativas y de coacciones, que tienen imputados al exintendente Daniel Orozco y a la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz.
En el escrito judicial, presentado hace 3 años, se esgrime que Lo Presti, durante su paso por la función pública, “se puede haber enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, en relación con sus ingresos legítimos que tenía como funcionario municipal y que son fácilmente comprobables, durante el período en que ejerció el cargo público de jefe de Gabinete y secretario de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Las Heras durante el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y abril de 2023”.
De acuerdo a la Declaración Jurada dada a conocer ese año ante la Oficina de Ética Pública, Lo Presti “tenía un patrimonio razonable para un empleado administrativo de una universidad pública, conforme la ocupación que tenía antes de ingresar profesionalmente a la política”.
En la denuncia inicial se manifiesta que antes de ser funcionario público, Lo Presti era dueño de apenas un terreno en El Challao y, que, luego adquirió una casa en el barrio privado La Bastilla, tres autos -Peugeot 2008 Felinensr 1.6, Toyota Corolla XEI 1.8 y un Toyota Corolla 2.0 XEI-, además de un inmueble en Tunuyán a nombre de su entonces pareja
Respecto a la casa en La Bastilla, la denuncia original dice que, “según el Registro de la
Propiedad, el inmueble fue adquirido en el año 2019 a un valor de 2.200.000
pesos. Una suma que no alcanzaba para abonar el valor del lote” y que “para la adquisición del inmueble el Sr. Lo Presti gestionó y le fue otorgado un préstamo hipotecario, el que fue cancelado transcurrido un año después. Es decir, al momento de adquirir el bien el exfuncionario asumió una deuda para comprar la vivienda, pero conforme sus ingresos y egresos no se puede justificar la deuda del crédito hipotecario”.
La DDJJ de febrero de 2026 -presentada también en la Oficina de Ética Pública- solamente contiene información del terreno en El Challao y un automóvil Peugeot, además de productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo. Incluso, Lo Presti, declara que actualmente alquila un dúplex en el barrio Dalvian. Tras haberse divorciado, solamente quedó con dos bienes a su nombre: una vivienda y un auto.
El nuevo querellante incorporó al expediente que la operación de venta de un inmueble en el barrio Las Águilas se llevó a cabo por una suma de apenas $18.000. El letrado considera que constituiría un delito de falsedad ideológica dado que “esta cifra totalmente disociada de cualquier valor de mercado (incluso al momento de la escritura), no es otra cosa que un acto jurídico simulado destinado a dotar de apariencia de legalidad a una trasferencia de bienes que el funcionario no podría justificar con sus ingresos declarados”.
En tanto que también se puso la lupa en diversos viajes llevados adelante por Lo Presti con destino a Chile, Estados Unidos, Panamá, Brasil e Italia desde 2015 a 2023. La querella cree que los ingresos no condicen con el nivel de gasto necesario y solicita saber si fueron financiados por terceros o con dinero declarado.
Por otro lado, se pidió el levantamiento de secretario bancario y fiscal desde 2015 a la actualidad, además de la imputación de Lo Presti y de su ex esposa Natalia Salcedo. En lo que refiere a las periciales contables preliminares, el fiscal Juan Tichelli ordenó el 7 de mayo el “auxilio e inspección de profesionales de las ciencias económicas” en base a los informes contables previos exigidos para la “acreditación de un enriquecimiento patrimonial apreciable sin justificar”. “No solamente teniendo en cuenta las DDJJ, sino también dos informes privados acompañados y un pendrive”, aclara el fiscal. En ese sentido, la querella convocó a un perito de control.
La defensa de Lo Presti ya presentó un pendrive con pruebas con tarjetas y consumos en 2024, acreditando que coinciden los ingresos con lo gastado. No obstante, según pudo conocer El Sol, ese pendrive se extravió. Se trata de la misma prueba ofrecida dos años atrás -junto a los dos informes privado- y que ahora se reactivará, pero con el monitoreo propuesto por la querella.
El empresario que asoma
La querella elevó ante el MPF un pedido de unificación de causas que forman parte del festival de denuncias que comenzó en abril de 2023 cuando Daniel Orozco dio un paso al costado del oficialismo provincial. Del lado deLo Presti está el equipo legal de Selfix, que, como fue mencionado, tiene la gestión de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de El Borbollón.
Está en manos de la empresa desde principios de 2021. Inicialmente, la relación se dio bajo un contrato de prestación de servicios, pero el vínculo se formalizó como concesión el 7 de marzo de 2022. Esto ocurrió tras resultar adjudicataria en la licitación de EMOS SAU (Empresa Municipal de Obras y Servicios), entidad unipersonal dependiente de la Municipalidad de Las Heras.
Lo Presti nombró como abogado defensor en la causa por presunto enriquecimiento ilícito a Gonzalo Guiñazú, apoderado legal de Selfix SRL, la firma concesionaria del Centro de Disposición Final (CDF) de El Borbollón, donde se deposita y trata la basura de los municipios del Gran Mendoza y que tiene como cabecilla al empresario Diego Dumit.
Es una empresa que maneja un flujo económico que supera holgadamente los mil millones de pesos por mes. En el CDF de El Borbollón, Selfix administra el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Lavalle. Además, la planta recepciona los desperdicios de empresas privadas y de complejos habitacionales que gestionan su propia recolección.
La guerra empresarial en Las Heras
Selfix no es una firma irrelevante en la trama. En marzo de este año, la mediática disputa empresarial por el control de dos negocios estratégicos en Las Heras -la planta de residuos de El Borbollón y la estación de servicio YPF de Uspallata– llegó a su fin. Tras meses de enfrentamiento societario que incluyó demandas cruzadas y un episodio de alto impacto público como la clausura de la expendedora de combustibles en alta montaña, Diego Dumit y Alfredo Vila Santander alcanzaron un acuerdo para dividir sus activos y cerrar el litigio.
El entendimiento incluyó cesiones mutuas de participación en las sociedades que compartían, lo que permitió desactivar los conflictos judiciales abiertos entre las partes.
El acuerdo estableció que Dumit cedió su participación en KM 1107, la sociedad anónima que opera la estación de servicio ubicada en Uspallata, mientras que Vila Santander transfirió su parte en Selfix, la firma que administra el Centro de Disposición Final (CDF) de El Borbollón.
De esta manera, Dumit pasó a controlar el negocio del tratamiento de residuos, mientras que Vila Santander quedó al frente del complejo de servicios sobre la Ruta Nacional 7, un punto estratégico del corredor hacia Chile. Como parte del entendimiento, ambos desistieron de las acciones judiciales, lo que implicó el cierre de los expedientes que se tramitaban en tribunales provinciales.
El enfrentamiento entre los socios rápidamente se trasladó al terreno judicial. En febrero, VW SA —sociedad presidida por Vila Santander— presentó una demanda contra Selfix, Dumit y otros socios, en la que solicitó la nulidad de una serie de decisiones societarias adoptadas en marzo de 2024 que, según el planteo, modificaron la estructura de control de la empresa.
El eje de una de las presentaciones fue que esas maniobras le otorgaron a Dumit el manejo interno de la compañía. Entre los elementos incorporados al expediente se incluyó incluso una pericia caligráfica privada que cuestionaba la autenticidad de firmas atribuidas a reuniones societarias clave.
En medio de esa escalada, un episodio inesperado llevó la pelea empresarial al centro de la escena pública: la clausura de la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional 7, en Uspallata.
La medida fue dispuesta por la Municipalidad de Las Heras el 3 de febrero y recayó sobre la empresa KM 1107 SA, integrada por Dumit, Vila Santander y otros socios.
El municipio justificó la decisión en una serie de irregularidades administrativas detectadas durante inspecciones previas. Entre ellas se mencionaron matafuegos vencidos y planos de seguridad sin aprobación actualizada, además de la falta de habilitación definitiva para operar el complejo.
Sin embargo, el episodio generó suspicacias en el sector empresario. Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que Dumit mantiene vínculos estrechos con funcionarios municipales de Las Heras, lo que alimentó interpretaciones sobre una posible injerencia en la decisión administrativa que derivó en la clausura de la estación en pleno conflicto societario. Desde el municipio, no obstante, siempre sostuvieron que la medida respondió exclusivamente a incumplimientos detectados durante las inspecciones técnicas y que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-movimiento-de-un-expediente-expuso-el-vinculo-entre-empresarios-y-la-municipalidad-de-las-heras/