El avance del consumo, la presencia de drogas en las cárceles, la corrupción y la ausencia de políticas integrales de prevención conforman un escenario complejo que, según especialistas, evidencia una profunda desarticulación del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
El narcotráfico se ha convertido en uno de los problemas más persistentes y profundos de la Argentina y Mendoza no es ajena a esa realidad. El incremento del consumo de drogas ilícitas y psicofármacos, los secuestros de grandes cargamentos, el crecimiento del narcomenudeo y la participación de clanes familiares completos dedicados a la venta de estupefacientes exponen un entramado que, lejos de retroceder, continúa avanzando. A esto se suma la preocupación por hechos de corrupción dentro del sistema penitenciario y de las fuerzas de seguridad, como el reciente caso de un agente detenido cuando intentaba ingresar más de 374 gramos de marihuana al Complejo IV de San Rafael.
Para analizar este panorama, Rogelio Guerrera, técnico en Niñez, Adolescencia y Familia y especialista en consumos problemáticos, ofreció una mirada crítica sobre la situación actual y apuntó directamente a la falta de decisión política como uno de los principales factores que explican el crecimiento del narcotráfico en el país. “Acá no se le gana al narcotráfico porque no se quiere”, afirmó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, al tiempo que aclaró que no se trata de erradicarlo por completo, sino de reducirlo de manera significativa mediante políticas coherentes y sostenidas.
Guerrera explicó que el principal problema radica en la desarticulación del sistema de lucha contra las drogas. “Hay una desarticulación que incluye no solo la parte punitiva, sino también la judicial y la de abordaje y prevención”, señaló, y cuestionó que cada área actúe de manera aislada. En ese sentido, sostuvo que muchas veces se publicitan grandes operativos y secuestros, como los recientes decomisos de 90 y 26 kilos de cocaína, cuando en realidad “se agarran unos kilos cuando hay millones circulando”.
El especialista también se refirió a la situación dentro de las cárceles y fue contundente al señalar que “hay más droga adentro de la cárcel que afuera”. Según explicó, el sistema penitenciario no solo no logra frenar el ingreso de estupefacientes, sino que además se transforma en un espacio de reproducción del delito. “Los pibes entran y hacen la licenciatura en delincuencia en la cárcel”, expresó, y remarcó que esto es consecuencia directa de la falta de controles, inversión y una estrategia clara.
Guerrera reconoció que existen trabajadores comprometidos dentro de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el esfuerzo de muchos termina siendo en vano. “Hay gente muy buena dentro de la policía, pero la cansan. Se trabaja mucho para agarrar a alguien que vende y al otro día está libre”, indicó, y agregó que sin inteligencia criminal y coordinación entre los distintos poderes del Estado, el sistema “termina aplastando a quienes intentan hacer bien su trabajo”.
En relación al rol de la política, el especialista habló de una combinación peligrosa entre desidia e intencionalidad. “Cuando vos querés cambiar algo tenés que tomar decisiones fuertes y te jugás el puesto”, sostuvo, y describió cómo muchos dirigentes, una vez que acceden a cargos de poder, abandonan los discursos previos y naturalizan la situación. “La política tiene ese poder de camuflaje”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el vínculo entre el narcotráfico y el financiamiento político. “Las drogas generan cultura y entran para quedarse, financian campañas”, aseguró, y advirtió que cuando el narcotráfico se instala en un territorio “va corrompiendo estrato por estrato”, afectando no solo a las instituciones, sino también al entramado social.
Guerrera también cuestionó duramente los discursos que justifican el narcomenudeo como una salida económica ante la falta de trabajo. “Decir que esto es cultural o que es un rebusque naturaliza el problema y anula cualquier política de prevención”, expresó. En ese sentido, remarcó que la ausencia de campañas fuertes y sostenidas de prevención es otro de los grandes déficits del Estado. “Siempre hay carteles de cualquier cosa, pero no hay un ataque fuerte contra los consumos”, dijo.
El impacto del consumo temprano en niños y adolescentes fue otro de los ejes centrales de su exposición. “Empiezan a consumir a los 13 o 14 años y a los 24 están quemados de por vida”, afirmó, y describió las consecuencias en la salud mental, la capacidad de tomar decisiones y el desarrollo personal. “Es una forma de poner de rodillas a un país y a una nación”, aseguró, al comparar el narcotráfico con un ataque estructural que debilita a generaciones enteras.
Desde su perspectiva, el narcotráfico no puede ser combatido con herramientas tradicionales. “El Código Penal común no puede resolver esto. La policía común está para el delito común, acá se necesita inteligencia”, remarcó, y subrayó que la clave está en identificar “quiénes son y dónde están” los grandes actores del negocio para atacar el problema de raíz.
Finalmente, Guerrera cuestionó la Ley de Salud Mental en relación con las adicciones y advirtió sobre el sufrimiento de muchas familias. “Hay madres que tienen hijos destruidos por la droga y la ley dice que no los pueden internar contra su voluntad”, señaló, y agregó: “Le pedís a alguien que tiene la cabeza quemada que decida internarse y no lo va a hacer”. Para el especialista, estas normativas también forman parte de una cadena de decisiones políticas que terminan agravando el problema.
El diagnóstico es claro y preocupante. Para Guerrera, mientras el narcotráfico siga siendo naturalizado, financiando estructuras de poder y avanzando sin una respuesta integral del Estado, el problema seguirá creciendo. “Tenemos que llegar antes que la droga a los chicos”, concluyó, al remarcar que sin prevención, abordaje y una verdadera decisión política, el narcotráfico continuará consolidándose como una de las principales amenazas sociales del país.
