La crisis desatada por la pandemia de covid-19 hizo presagiar a algunos –nos incluimos- la posibilidad de un cambio en el manejo político y la participación de las comunidades civiles en una gran parte del mundo. El objetivo común de derrotar a un enemigo que ponía en riesgo la vida de todos hacía creer que esa falta de distinción aunaría los espíritus para crear nuevas y mejores estructuras de pensamiento y acción en pos de convertirnos en mejores naciones y seres humanos. Lamentablemente, el correr de los meses ha demostrado que muchas de nuestras diferencias gozan de buena salud e, incluso, algunas se han radicalizado.
Este no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Muchos países, varios de ellos de los denominados desarrollados, también ven como la cultura del odio se esparce entre sus poblaciones y dirigencias.
Históricamente, los conflictos sociales (Filipinas, Sri Lanka o la Guerra Civil Española) han tenido un origen parecido: un día el adversario político comenzó a ser visto como una amenaza y el vecino que pensaba diferente, como el enemigo. Los bandos creyeron que el resentimiento sería manejable y que podrían desactivarlo antes de que fuera tarde. No fue así.
Mientras media Argentina crea que la culpa de todos los problemas la tiene la otra mitad, y viceversa, las grandes reformas que necesita el conjunto seguirán estancadas.
Aquí, casi todo (por no decir todo) se juzga desde la trinchera política y se estira hasta el absurdo. El veneno ha calado en los Poderes Judiciales, en las fuerzas de seguridad, en las instituciones y, de manera especialmente tóxica, en los medios de comunicación.
Por eso la solución pasa, sobre todo, por una necesaria reforma educativa que fomente el pensamiento crítico, los valores democráticos, el cuestionamiento de las ideas propias, el aprendizaje para diferenciar información de manipulación y el fomento de la tolerancia. El diálogo y la moderación deben volver a ser moneda corriente y, solo a partir de entonces, podremos aspirar a un futuro común y mejor.
