El sacerdote Olivera Ravasi es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, del barrio de Palermo. Distintas fuentes coinciden en que el cura, de 47 años, habría alentado el acercamiento de los diputados libertarios con los represores encarcelados en Ezeiza el 11 de junio, entre los que se contaban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión militar. Ante esto el cura fue apartado por el obispado de Zárate-Campana, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.
De acuerdo con un comunicado publicado en la página oficial del obispado, Olivera Ravasi “está incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza”. El texto agrega que el sacerdote presbítero solicitó su traslado a la Diócesis de Zárate-Campana “por razones familiares”.
En ese sentido, el vocero del Obispado de San Rafael, padre José Antonio Álvarez, explicó a Diario San Rafael y Fm Vos 94.5 que el padre Ravasi no fue expulsado ni sancionado, sino que se encuentra en una situación irregular porque tiene vencido su permiso de ausencia, ya que proviene de Mendoza, y se le retiró su permiso de residencia en Buenos Aires.
Incluso, aseguró que, como Obispado, no les consta que el cura haya realizado esa visita porque no hay fotos en las que aparezca, pero en caso de haberlo hecho descartó la idea de que aquel acto constituya un delito, ya que para la Iglesia Católica visitar presos es una obra de misericordia.
«A lo que me puedo referir es a la situación canónica del padre Ravasi. En cuanto a sus acciones en otros ámbitos de la vida no las puedo juzgar porque ni siquiera las conozco con precisión. Ravasi se formó en el Instituto del Verbo Encarnado y pidió la incardinación en la Diócesis de San Rafael. Esto refiere a que todo sacerdote tiene que tener una relación de autoridad con un Obispo. Los Obispos son los sucesores de los apóstoles y ellos son quienes gobiernan la Iglesia. En ese entonces, el Obispo Emérito Eduardo María Taussig, lo incardinó en San Rafael», comenzó explicando el padre Álvarez.
«Él estuvo muy poco tiempo como miembro de esta Iglesia local. Siempre estuvo abocado más bien a tareas de educación. Nunca tuvo una gran exposición ante la comunidad. Después de estar un poco más de un año aquí, Ravasi solicitó un permiso de ausencia. Ese concepto refiere a cuando un sacerdote busca hacer una tarea distinta a la que realiza en su diócesis de origen, y encuentra a un obispo que lo recibe en su jurisdicción. Así fue como el obispo de Zárate-Campana aceptó su traslado», agregó.
Por otra parte, habló sobre la situación de irregularidad que pesa sobre el sacerdote Javier Olivera Ravasi, «Durante el transcurso de este tiempo han pasado cosas. La Diócesis de San Rafael cambió de autoridad y hubo un cierto retraso en la atención de algunos trámites. La condición del sacerdote Ravasi cambió porque se le venció su permiso de ausencia, pero no le fue revocado en la otra diócesis el permiso de residencia. Muchas veces ocurre que se prolonga un permiso. Hasta ese momento no hubo ninguna objeción del obispo de ese lugar. Cuando toma estado público a través de los medios el supuesto encuentro de libertarios y genocidas, le quitan el permiso de residencias. El obispado de Zárate-Campana no hace una mención puntal a ese episodio, sino que en general refiere a que la presencia del cura Ravasi ya no es más requerida dentro de esa diócesis», precisó Álvarez.
«Digamos que quedó en una situación de irregularidad, por lo tanto, debería someterse a la autoridad del Obispo de San Rafael. Se está dando tratamiento a su caso, pero el mismo no va a tener una resolución inmediata. El obispo Carlos María Domínguez está de viaje y eso demoraría un poco la cuestión», aclaró.
A su vez, comentó cuál es la visión del Obispado de San Rafael sobre el accionar del padre Ravasi, quien está señalado como organizador de la visita de los diputados libertarios a los represores que se encuentran detenidos en la cárcel de Ezeiza. «Muchas veces hay que separar lo que son las intenciones de lo que son las obras. Lo que es legítimo de lo que no lo es. Todo esto nos llegó a través de los medios de comunicación. No hay otra fuente. Aquí se trata de una visita, si es que la hizo, porque no nos consta, ya que realmente en la foto no aparece, pero si la hizo está muy bien, visitar a los presos es una obra de misericordia, no es un delito. Además, hasta el momento no recae ninguna denuncia sobre él. No podemos obrar por lo que dice una nota periodística. En este momento, lo más importante para la Diócesis de San Rafael es arreglar la situación de irregularidad que tiene el padre Javier Ravasi y eso está en marcha», destacó.
«Hasta el día de hoy no es necesario que se presente físicamente en San Rafael, salvo que el obispo se lo pida. Puede ir a otra diócesis u otra institución de la Iglesia. Todo esto dependerá de las conversaciones que se tengan en los próximos días. No estoy diciendo que esté bien o no lo que hizo. Con los elementos que tengo no lo puedo juzgar. Visitar presos está bien, es lo que predica Jesús. Materialmente visitar a los presos es un acto de misericordia. Si esa acción tiene una acción torcida o desviada hay que juzgarlo por la vía que corresponde y no por un comentario periodístico», subrayó el vocero del Obispado de San Rafael.
«Si ese ha sido el disparador para atender el problema bienvenido sea, pero hasta el momento no es determinante. La situación del padre ahora es de irregularidad y eso no constituye un delito ni nada por el estilo. Es algo que sucede muchas veces y se busca tratar en función de las tareas que cada sacerdote haga. En la Iglesia las leyes no son estrictas, sino que buscan la salvación de las almas. Esa es la función de la Iglesia siempre, y en este caso también lo es. Si el obispo de Zarate – Campana hubiera considerado que él cometió algún delito lo podría haber sancionado, pero no lo hizo. Como no lo precisa más en su territorio le quitó ese permiso de residencia que le otorgó antes. El permiso de ausencia se le venció hace ya más de tres años. Estamos en búsqueda de una solución por el bien de las personas que están implicadas y por la reputación de la Iglesia», destacó al final de la entrevista el sacerdote José Antonio Álvarez.
