Un grupo de legisladores radicales presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca crear un sistema digital para que cualquier ciudadano pueda denunciar presuntas infracciones ambientales mediante fotos y videos tomados desde una plataforma oficial del Gobierno provincial. La iniciativa apunta a fortalecer los controles ambientales y acelerar la detección de daños ecológicos mediante la participación directa de la comunidad.
La propuesta, impulsada por los legisladores Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte Sanabria y Néstor Majul, establece la creación de un marco legal para el reconocimiento y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por ciudadanos como evidencia de posibles infracciones a la normativa ambiental vigente.
Según los fundamentos del proyecto, Mendoza cuenta actualmente con distintos canales para realizar denuncias ambientales, como la mesa de entradas virtual o servicios de mensajería instantánea, pero esos mecanismos presentan limitaciones para garantizar la autenticidad de las pruebas y la rápida intervención de los organismos de control. Los autores sostienen que muchas veces la constatación presencial de los inspectores ocurre cuando la evidencia ya desapareció, lo que termina afectando la capacidad sancionatoria del Estado.
La iniciativa propone que las denuncias se realicen exclusivamente a través de una plataforma digital oficial capaz de capturar fotografías o videos en tiempo real, con georreferenciación obligatoria, sello de tiempo y mecanismos de seguridad informática que permitan verificar la autenticidad e integridad de los archivos.
“Esta propuesta legislativa busca implementar dentro de una plataforma digital oficial la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos puedan captar, en tiempo real y con georreferenciación obligatoria, presuntas infracciones ambientales”, señala el texto. Los autores afirman además que la herramienta permitirá “optimizar los recursos de la Administración Pública” y reducir los tiempos entre la denuncia y la actuación estatal.
El proyecto establece que toda persona que detecte una posible infracción ambiental podrá comunicarla a la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Energía y Ambiente. Sin embargo, para que la denuncia sea válida, el denunciante deberá validar previamente su identidad en el sistema y el material audiovisual deberá ser generado exclusivamente mediante la aplicación oficial.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la incorporación de herramientas para combatir eventuales manipulaciones digitales. El texto define expresamente como “contenido adulterado” a todo material generado o modificado mediante inteligencia artificial, edición o montaje que altere los hechos registrados. Las denuncias sustentadas en ese tipo de contenidos serán rechazadas de manera inmediata y podrán ser derivadas a los organismos competentes para su evaluación.
La propuesta también prevé que los registros audiovisuales no constituyan por sí mismos una prueba concluyente de infracción. En cambio, serán considerados un elemento de sustento para la elaboración de informes técnicos y la eventual apertura de investigaciones administrativas. Incluso, la ausencia de una constatación presencial por parte de inspectores no impediría el avance de las actuaciones cuando los hechos hayan quedado debidamente documentados mediante la plataforma oficial.
En los fundamentos, los legisladores argumentan que el proyecto se inspira en experiencias implementadas en países como Chile, Uruguay y Perú, donde existen sistemas digitales de denuncias ambientales. También sostienen que la iniciativa se encuentra alineada con los principios del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, que promueve el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en cuestiones vinculadas al ambiente.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-oficialismo-busca-que-los-mendocinos-denuncien-infracciones-ambientales-con-fotos-y-videos/
