Según el índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en diciembre los impuestos representaron el 64,3% de la renta agrícola, un nivel que pone de manifiesto las dificultades estructurales que atraviesan los productores del país.
Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que este índice “se calcula cada tres meses y mide cuánto pesan los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre la renta agrícola”. Detalló que la renta agrícola es “lo que vale la producción menos los costos. En diciembre, alcanzó el 64,3%. Esto significa que dos de cada tres pesos terminan siendo impuestos”.
Pisani Claro destacó la evolución del índice desde su creación en 2007. “En las mediciones históricas, hubo momentos con mayor participación, como en 2014 y 2015, cuando se alcanzaron promedios cercanos al 90%”. Posteriormente, el indicador bajó, pero “siempre se ha movido entre el 55% y el 80%”.
“En diciembre de 2023, el índice era del 59%. Hoy estamos cinco puntos por encima de esa cifra”. Esta alza coincide con un contexto adverso, donde los precios de los commodities se encuentran en sus niveles más bajos de los últimos cinco años, y el efecto del dólar exportador ha desaparecido. “Todo esto reduce el valor de la producción, disminuye la renta y, como consecuencia, incrementa el peso relativo de los impuestos”, explicó.
El impacto de esta carga tributaria no es menor para los productores. “En estas condiciones, quedan muy pocas ganas de producir”, reflexionó Pisani Claro. “El productor pone la inversión, el riesgo, el trabajo, pero tiene un socio a medias, que es el Estado, llevándose el 65% de la renta”.
Aunque los productores siguen trabajando e invirtiendo, la economista advirtió que “esto se convierte en un freno para que la inversión sea mayor y para que se genere más producción”. Además, los vaivenes climáticos, como los que se vivieron el año pasado, agravan aún más la situación. “Incluso en contextos de buenas producciones, los números ajustan significativamente por esta carga fiscal”, afirmó.
Por otro lado, uno de los principales reclamos del sector es la reducción de los derechos de exportación, también conocidos como retenciones. Pisani Claro señaló que hay señales positivas hacia el próximo año: “Parece haber un camino hacia la reducción gradual para eventualmente llegar a su eliminación total”. Sin embargo, enfatizó que “en contextos de precios bajos, el efecto dañino de las retenciones es mucho más notorio”.
Explicó que estas medidas “desincentivan la inversión y la producción, porque son recursos que salen de las regiones productivas y no se reinvierten. Esto impacta en la producción, el empleo y las exportaciones”. La economista consideró que “el gran desafío es encontrar un mecanismo que permita reducir las alícuotas y, en consecuencia, reactivar la actividad económica”.
El impacto impositivo varía según el cultivo. En diciembre, los impuestos representaron el 56,5% de la renta del maíz y el 59% en girasol. Sin embargo, los más afectados fueron el trigo, con un 69%, y la soja, con un 68%. “La soja enfrenta mayores impuestos porque tiene derechos de exportación del 33%, mientras que el maíz y el trigo tienen solo el 12%”, explicó Pisani Claro. Además, los precios de estos cultivos han caído sustancialmente, lo que agrava la situación.
El caso del trigo es especialmente preocupante. “En mediciones a principios de año, cuando los precios del trigo habían caído significativamente, el índice llegó al 83%”, destacó.
Referente al futuro del sector, para Pisani Claro, la solución pasa por generar condiciones más favorables para los productores. “Si el productor pudiera retener una mayor parte de su renta, podría reinvertir en tecnología, infraestructura y crecimiento. Esto generaría más empleo y fortalecería las economías regionales”, concluyó.
