El precio del gas y la justicia

Tal como informáramos en nuestra edición de ayer, avanza en el Congreso Nacional el proyecto para declarar a nuestra provincia como “zona fría”, lo que implicaría una disminución del 50% sobre las tarifas de gas (natural y de garrafas) para usuarios residenciales. Con el objetivo de apoyar la iniciativa, unos 20.000 mendocinos ya han firmado una petición popular solicitando la aprobación de la iniciativa.
La solicitud no es novedosa y se reitera, sobre todo, en la temporada invernal, cuando el fluido se requiere para calefaccionarnos y las boletas se tornan más difíciles de afrontar para los bolsillos mendocinos. De hecho, en 2017, cuando las tarifas de los servicios públicos comenzaron a evidenciar aumentos exorbitantes, se presentaron en la Justicia reclamos para que todos los departamentos mendocinos se vieran beneficiados por la denominada “tarifa patagónica” (Malargüe ya se encuentra incluido). Los pedidos –los de antes y el de ahora– se basan en estudios científicos que demuestran que las temperaturas invernales mendocinas son similares a las de lugares que ya tienen esa tarifa diferenciada.
De sobra conocemos las polémicas desatadas por los aumentos en las tarifas del gas en los últimos años. Mucho hemos leído, escuchado y escrito respecto a la denominada “adecuación de los cuadros tarifarios a la realidad” después de años de subsidio estatal. En el medio pasaron la no convocatoria a las audiencias públicas, el “ida y vuelta” con los nuevos costos, los reclamos de muchos usuarios y, en definitiva, la instrumentación del nuevo alto precio del fluido.
Más allá de la justicia o injusticia que suponen los nuevos cuadros tarifarios, adecuar esos costos a la realidad geográfica y climática de nuestra región es una medida que no debería tener demasiada discusión. Pagar lo mismo por consumir en igualdad de condiciones es algo lógico y justo, pero que aún no recibe la aprobación de los responsables. Por ahora, nosotros seguimos esperando. Y pagando.