El reciente informe de Argentinos por la Educación sobre el presupuesto educativo proyectado para 2025 reveló cifras que alarman a la comunidad educativa y evidencian una tendencia decreciente en la inversión en educación a nivel nacional. Según el análisis del Observatorio, la inversión en educación por parte del Estado Nacional en términos de Producto Bruto Interno (PBI) estará un 0,88% por debajo de la inversión asignada en 2024. Además, el proyecto de presupuesto contempla un aumento en términos reales de solo un 0,65%, que, al considerar las proyecciones inflacionarias, no resulta suficiente para sostener el sistema educativo en el nivel que se necesita.
“Es una caída preocupante en términos de PBI”, aseguró a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Pablo Mainer, integrante del Observatorio. “Argentina tiene una ley que fija un piso de inversión del 6% del PBI entre la Nación y las provincias, pero esto no se cumple. Desde que se sancionó esta ley en 2006, solo se alcanzó una vez. Y la caída es clara: mientras el año pasado la inversión fue del 1,48% del PBI, este año se redujo al 0,91%, y para 2025 se prevé un 0,88%”, explicó Mainer, añadiendo que, aunque el financiamiento no sea el único problema en la educación, “es una condición necesaria para implementar políticas públicas efectivas y garantizar la calidad educativa”.
La ley de financiamiento educativo y su impacto en las provincias es uno de los temas que resaltan en el informe. Según el director del Observatorio, “de cada cuatro pesos invertidos en educación, solo uno proviene del presupuesto nacional; los otros tres vienen de los fondos provinciales. Pero la situación es desigual entre las provincias: algunas, con mejores sistemas productivos y finanzas ordenadas, logran sostener la inversión, mientras otras se ven afectadas”. Mainer ilustra esta disparidad con ejemplos: “Santa Fe, una provincia con un polo productivo sólido, puede mantener finanzas equilibradas, pero otras provincias del norte del país enfrentan un panorama financiero mucho más desafiante”.
En este contexto, el informe destaca que la Nación, en su participación, debería tener un rol fundamental para reducir las brechas de inversión entre las distintas jurisdicciones y garantizar que los estudiantes en cualquier provincia puedan acceder a las mismas oportunidades educativas. “Las políticas de los noventa, que transfirieron la responsabilidad de la educación a las provincias, excluyendo a las universidades, profundizaron estas diferencias. Es esencial que el Gobierno Nacional retome un papel de equidad en la distribución de fondos educativos”, remarcó Mainer.
Otra de las observaciones clave del informe es la notable diferencia en el aumento de inversión educativa entre las provincias y la Nación en los últimos 40 años. “Las provincias han incrementado su inversión en educación un 292% desde los años ochenta, mientras que la Nación solo la ha aumentado un 30% en el mismo periodo. Esto demuestra que, aunque las provincias asumen la mayor responsabilidad, lo hacen en muchos casos con un esfuerzo desproporcionado”, advirtió Mainer.
En términos de destino de fondos, el informe revela que el 66,5% del presupuesto nacional proyectado para educación en 2025 estará asignado a la educación superior, es decir, a las universidades públicas, aunque de acuerdo con Mainer, la mayor parte de la inversión en educación, a nivel general, se destina a los salarios docentes. “Nueve de cada diez pesos que se invierten en educación van a sueldos, lo que deja un margen muy pequeño para implementar políticas de mejora en la calidad y cobertura educativa. Y con los salarios docentes en baja, el impacto negativo es mayor”, analizó Mainer.
El informe también abordó los desafíos específicos en materia de alfabetización, un área prioritaria según el Observatorio. Para 2025, el 11,6% del presupuesto nacional se destinará a programas de alfabetización, con una porción de estos fondos dirigida a fortalecer las políticas educativas de las provincias en este aspecto. “Desde Argentinos por la Educación impulsamos una campaña de alfabetización porque los resultados no son buenos. Es un logro que en el presupuesto 2025 se destine una parte a esta problemática, especialmente en los primeros tres años de primaria”, comentó Mainer.
La situación de las universidades públicas, donde impacta de manera directa la inversión nacional, es otro de los puntos en el que se hace énfasis en la discusión presupuestaria. Mainer observa que, aunque el Gobierno Nacional financie las universidades, el contexto económico desafía a las instituciones a optimizar recursos: “La inversión en educación superior, aunque significativa, se ve afectada por la inflación y los recortes. Las universidades públicas requieren fondos para funcionar en condiciones adecuadas, pero el contexto actual no permite desarrollar una política educativa que contemple la calidad”.
“Nuestro objetivo en Argentinos por la Educación es ofrecer datos y evidencia que sirvan como base para entender la situación educativa actual en el país”, concluyó. “Con los números sobre la mesa, podemos ver la magnitud del reto y trabajar en una planificación que tome en cuenta tanto la realidad económica como las necesidades de nuestros estudiantes”.
