El reciente naufragio parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo logró hacer caer la sesión especial destinada a buscar interpelar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasciende la mera anécdota de la matemática legislativa. Lo acontecido configura un hecho de una gravedad institucional ineludible, un quiebre que expone de manera obscena los límites del relato de la transparencia y desnuda la vigencia de un pacto corporativo que el discurso oficial declamaba haber venido a erradicar. La denominada «casta» no solo no ha desaparecido, sino que ha encontrado en sus nuevos socios una aceitada red de contención recíproca.
Lo verdaderamente alarmante de la jornada no radica en la previsible estrategia defensiva de La Libertad Avanza, abocada a blindar a una de sus principales espadas ante denuncias de extrema gravedad que van desde un tren de vida y gastos suntuosos incompatibles con la función pública hasta sospechas de intervención en la estafa de Libra y varios etcéteras más. El verdadero foco del estupor moral se sitúa sobre aquellos bloques aliados y satélites que prefirieron el camino del ausentismo cómplice antes que honrar los principios republicanos que suelen esgrimir como plataforma electoral.
Asistimos a la consolidación de un republicanismo selectivo e hipócrita. Quienes históricamente se postularon ante la sociedad como los fiscales de la patria, los defensores de la división de poderes y los guardianes de la ética pública, hoy eligen vaciar sus bancas para evitar que un funcionario rinda cuentas ante el soberano. La interpelación parlamentaria es un mecanismo constitucional básico, una herramienta elemental de control que no juzga culpabilidades anticipadas, sino que exige respuestas.
Al obturar el quórum, los representantes del pueblo -mendocinos varios de ellos- actuaron como facilitadores del secretismo mileísta, canjeando la decencia institucional por la comodidad del alineamiento político de ocasión. Muchos, incluso, son los mismos diputados que no dudaron en levantar la mano para convalidar el ajuste centralista y propiciar la caída del régimen de Zona Fría, desprotegiendo de manera directa a miles de usuarios del sur mendocino que podrían tener que afrontar facturas de gas impagables bajo el rigor de nuestro invierno.
El contraste es demoledor y traza una línea divisoria inequívoca en la representación política. Muestran una llamativa firmeza para despegarse de las necesidades de sus votantes y aplicar el rigor del ajuste sobre el interior del país, pero exhiben una sumisión dócil a la hora de pegarse a la nueva casta gobernante.
La caída -una más- de las máscaras en el Congreso demuestra que las banderas del federalismo y de la transparencia se han transformado en bienes de cambio intercambiables en el altar del pragmatismo libertario. Mientras las góndolas locales reflejan una economía real paralizada y los hogares sufren el impacto de tarifas desmedidas, sus representantes eligen ser los escuderos del privilegio ajeno, dejando a la sociedad civil en el rol de la única y eterna estafada.
