El retroceso alimentario como ofrenda corporativa
La salud pública de un país suele ser el escenario donde mejor se dirime la correlación de fuerzas entre el bienestar de la ciudadanía y los intereses de los sectores corporativos más concentrados. La reciente denuncia sobre presiones de las grandes cámaras empresariales de la alimentación para forzar la quita o flexibilización del sistema de etiquetado frontal (los célebres octógonos negros) en los envases comestibles npodría constituir una claudicación institucional alarmante y un retroceso severo en los derechos conquistados por los consumidores en los últimos años.
El sistema, implementado tras extensos debates científicos y parlamentarios en los que muchos legisladores actuales ya mostraron su aprobación, demostró ser una herramienta eficaz de soberanía alimentaria y democratización de la información. Su función nunca fue prohibitiva, sino pedagógica: permitir que el ciudadano de a pie descifrara en un segundo las trampas de la industria publicitaria, que sistemáticamente disfraza de «saludables» productos saturados de sodio, azúcares y grasas críticas. Pretender desmantelar este esquema bajo la falaz premisa de «desregular la economía» o «eliminar trabas burocráticas» devela la sumisión doctrinaria del oficialismo nacional ante las exigencias de los oligopolios alimentarios.
Para el interior de la provincia, la desprotección en materia de consumo alimentario adquiere una dimensión sociosanitaria preocupante. En comunidades como la nuestra, las estadísticas locales ya muestran curvas ascendentes de enfermedades crónicas no transmisibles —como la obesidad infantil, la hipertensión y la diabetes—, patologías que afectan de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, quienes suelen quedar rehenes de los productos ultraprocesados más económicos por razones de subsistencia material.
La salud colectiva y el derecho a saber qué consumimos no pueden ser considerados variables de negociación para complacer las ganancias de un puñado de corporaciones. Cuando el Estado abdica de su rol regulador e inclina la balanza a favor del oscurantismo empresarial, la salud pública puede quedar completamente en peligro.