Desde los tiempos en que las primeras comunidades entendieron que el desierto sólo se vence con la gestión inteligente del deshielo, la montaña ha sido para Mendoza mucho más que un paisaje; ha sido su reaseguro de existencia. El agua, ese elemento vital que desciende silencioso hacia cada uno de nuestros oasis, no nace de la nada, sino de un complejo sistema de torres de cristal que hoy se encuentra en el centro de una disputa legislativa de alcances imprevisibles.
La modificación de la Ley de Glaciares no es simplemente un debate técnico entre geólogos y abogados, sino una pulseada de fondo sobre la protección del último refugio hídrico de la Argentina frente a las urgencias de un modelo económico que parece impaciente por desregular las alturas.
El núcleo del conflicto reside en la redefinición del concepto de ambiente periglacial. La normativa protegía todas las geoformas que actúan como reguladoras del recurso hídrico, pero la reforma propuesta busca imponer criterios de tamaño, relevancia y persistencia del flujo de agua para que un cuerpo de hielo sea digno de protección. Este cambio de enfoque, que a simple vista parece una búsqueda de precisión científica, encierra una vulnerabilidad sistémica. Al exigir que un glaciar demuestre un aporte hídrico «constante» para ser preservado, se ignora la función más crítica de estos ecosistemas: su capacidad de actuar como un seguro de vida durante los ciclos de sequía extrema, liberando el recurso precisamente cuando el resto del sistema desfallece.
Para una región como la nuestra, cuya vida productiva y social depende íntegramente de la salud de las cuencas de nuestros ríos, cualquier fisura en el blindaje legal de las nacientes representa una amenaza directa. La montaña es un organismo vivo donde nada ocurre de forma aislada. Intervenir en las zonas de suelo congelado o en los glaciares de escombros, bajo la premisa de que no son masas de hielo visibles es desconocer que esas reservas invisibles son las que sostienen el caudal de los surcos en los años más difíciles. La fragilidad de estos ecosistemas de altura no admite errores de cálculo ni concesiones de oportunidad.
En definitiva, lo que está en juego es la integridad de un ciclo natural que, una vez alterado, no conoce procesos de restauración. La presión por habilitar actividades extractivas en áreas de reserva estratégica bajo el argumento de la necesidad de divisas podría estar pavimentando el camino hacia un daño ambiental de carácter irrevocable. Si se cede ante la tentación de convertir el agua en una variable de ajuste para la macroeconomía, Mendoza -y sus dirigentes- estaría rompiendo su contrato histórico con la naturaleza.
