El senador Adrián Reche se refirió a la extinción de dominio

Adrián Reche, legislador provincial por Cambiemos, estuvo en los estudios de FM Vos (91.5) para hablar sobre la normativa que tiene como fin que el Estado pueda apropiarse de bienes vinculados a un delito.
En primer lugar, sostuvo que el decreto del presidente Macri para implementar la extinción de dominio fue una medida necesaria para cumplir las convenciones internacionales a las que Argentina adhirió desde el año 1994 en adelante y que tienen un estatus constitucional. Esto es porque la corrupción atenta contra las arcas Estado y además, contra los propios ciudadanos, además de incentivar el incumplimiento de la ley. “Se dice ‘mirá aquel funcionario o ex funcionario que sí, estuvo sometido a un proceso penal que duró eternamente y al final no pasó nada y quedó gozando de un montón de bienes que fueron mal habidos, que no tuvieron respaldo legal’. Entonces, justamente, esta extinción de dominio es la forma legal de decir que el Estado va a recuperar esos bienes de ciertos delitos: el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, que afectan y mueven millones de pesos y dólares”, explicó.
El funcionario señaló que se estima que el narcotráfico mueve en el país alrededor de 22 mil millones de pesos anualmente y buena parte de ese dinero podría recuperarse con esta normativa.
También se refirió a las causas que se están siguiendo contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene embargados, según el senador Reche, más de 270 mil millones de pesos. “Imaginemos que el presupuesto para construir una escuela es de 25 millones de pesos. El ciudadano en Argentina está perdiendo la posibilidad de que se construyan hasta 10 mil escuelas si nosotros consideramos el delito de un solo círculo que se está investigando”, dijo.
Criticó que la clara finalidad por parte de la oposición es que este tipo de normas que buscan limpiar la corrupción “no salgan, que no avancen, y entorpecer la recuperación de bienes que tienen que ser del Estado”, incluso a pesar de que habría juicios con debido proceso y que los acusados se podrían defender legítimamente intentando justificar los bienes que los acosadores consideren que son producto de la corrupción.
Hay quienes consideran que este tipo de normativas son inconstitucionales, con lo cual el senador no está de acuerdo ya que –para él– lo importante es empezarle a dar cumplimiento a tratados internacionales. La corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y demás delitos de esa gravedad afectan estructuralmente a cualquier institución y a la ciudadanía en sí.
El legislador dijo también que este proyecto ya se comenzó a tratar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, de la cual él forma parte. El miércoles próximo será la segunda reunión sobre el tema, con la exposición del secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi.