Los recientes decomisos de toneladas de carne en operativos realizados en San Rafael, General Alvear y Malargüe no debe leerse como un hecho aislado de control bromatológico. Por el contrario, es la punta del iceberg de una problemática social y delictiva mucho más profunda. Gran parte de esa mercadería incautada es el resultado directo del robo de animales en nuestras zonas rurales. El abigeato no solo representa una pérdida económica devastadora para el productor —quien ve diezmado su capital de años en una sola noche—, sino que constituye el primer eslabón de una cadena de ilegalidad que desprecia cualquier norma sanitaria.
Asimismo, está claro que la faena clandestina ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una actividad sistemática. Esta problemática se nutre de un contexto económico complejo, donde la suba imparable de los precios empuja a los consumidores a buscar alternativas más económicas, muchas veces ignorando el origen y las condiciones de manipulación del alimento. No obstante, el ahorro económico en el mostrador puede traducirse en un costo social altísimo: enfermedades graves como el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), la triquinosis o la salmonelosis encuentran en estos circuitos marginales el terreno fértil para su propagación.
Desde una perspectiva política y social, el control estatal se enfrenta a un desafío constante. Si bien la presencia de la Policía Rural y los cuerpos de inspección municipal ha permitido estos decomisos, la persistencia del delito sugiere que las sanciones actuales no actúan como un disuasivo suficiente. Resulta imperativo analizar no solo el eslabón final de la comercialización, sino también el transporte ilegal que atraviesa nuestras rutas y las deficiencias en la infraestructura de los mataderos regionales que, en ocasiones, facilitan el desvío hacia la informalidad.
En San Rafael, el impacto es directo. Como principal nodo de consumo del sur, el departamento se vuelve el destino predilecto para la colocación de mercadería sin sello sanitario ni cadena de frío. La vulnerabilidad de las familias sanrafaelinas ante productos que no cumplen con las normas básicas de higiene es una señal de alerta que requiere una respuesta coordinada entre las autoridades y la responsabilidad ciudadana.
