El Tribunal de Cuentas de Mendoza aplicó multas al intendente de San Rafael, Omar Félix, y a parte de su gabinete por irregularidades en las contrataciones durante el ejercicio 2024.
La resolución, identificada como fallo Nº 18.367, pone el foco en el uso reiterado del mecanismo de «legítimo abono», una herramienta prevista para situaciones excepcionales que, según el organismo, fue aplicada de forma sistemática.
De acuerdo al dictamen, el municipio utilizó este procedimiento para pagar servicios sin contratos vigentes o con licitaciones inconclusas, reconociendo los gastos de manera retroactiva.
Para el Tribunal, esta práctica «desnaturaliza» el mecanismo excepcional y lo transforma en una regla, lo que constituye una irregularidad en la administración de fondos públicos.
«El uso del método de pago de legítimo abono es un procedimiento de excepción y de interpretación restrictiva», advierte el fallo, que además señala que se trató de gastos previsibles que debieron tramitarse por vías ordinarias.
Multas a la cúpula municipal
Las sanciones alcanzan a los principales funcionarios del municipio y deberán ser afrontadas con patrimonio personal:
– Omar Félix (intendente): $1.400.000
– Marcelo Gómez (Hacienda): $1.400.000
– Francisco Cofano (contador): $1.400.000
– Paulo Campi (Gobierno): $700.000
– Otros funcionarios: entre $100.000 y $700.000
El organismo otorgó un plazo de 30 días para abonar las multas, con posibilidad de avanzar por vía judicial en caso de incumplimiento.
La defensa del municipio
Desde la comuna defendieron su accionar y aseguraron que la rendición de cuentas fue aprobada en términos generales.
Según plantearon, las demoras en los procesos administrativos obligaron a recurrir al legítimo abono para garantizar la continuidad de servicios esenciales, especialmente en áreas sensibles como Salud y Educación. «Nada más cercano a la lógica que evitar que se resientan los servicios», argumentaron en sus descargos.
Además, remarcaron que la sanción no cuestiona el destino de los fondos, sino la modalidad de contratación utilizada, y anticiparon que recurrirán la decisión.
El organismo de control no desconoció el contexto, pero fue categórico al señalar que existen herramientas legales -como la contratación directa- que permiten resolver urgencias sin afectar la transparencia.
En ese sentido, sostuvo que la reiteración del legítimo abono «impide el control preventivo del gasto» y puede derivar en la falta de competencia en los precios.
Incluso, el fallo introduce una figura administrativa más grave al hablar de «desviación de poder», al considerar que se utilizó una herramienta legal con un fin distinto al previsto.
La auditoría también detectó fallas en el control interno, como problemas en el seguimiento de la flota municipal y errores en conciliaciones bancarias. Si bien muchas de estas situaciones fueron corregidas, el Tribunal pidió reforzar los mecanismos administrativos.
Pese a las irregularidades señaladas, el organismo aprobó la rendición de cuentas 2024, aunque dejó asentadas observaciones de fondo sobre el funcionamiento del municipio.
Fuente: Mendoza Post.
