El vino argentino, un emblema de exportación y motor económico de Cuyo, se encuentra al borde de una transformación regulatoria que, según expertos, amenaza la calidad, la salud pública y la estabilidad de los pequeños productores. El decreto que impulsa la eliminación de controles clave del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ha encendido las alarmas en el sector, que ve cómo el Estado se retira de la fiscalización preventiva. En diálogo con este diario, Natalia Palazzolo, politóloga y doctora en Ciencias Sociales e integrante de CEPA, desmantela el discurso oficial de la desburocratización y advierte que la medida es una «re-regulación» que anula la trazabilidad total del producto, abriendo la puerta a adulteraciones y fraudes económicos con graves consecuencias. La experta sostiene que la industria nacional está poniendo en riesgo su reputación global y la seguridad de sus consumidores.
«La reforma normativa impulsada sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con miras a entrar en vigor en enero de 2026, no constituye una simple desregulación para desburocratizar, sino una ‘re-regulación’ que implica la transformación más profunda que el sector haya experimentado en sus 60 años de existencia» advirtió Palazzolo de entrada.
Según la especialista, el cambio tiene ganadores y perdedores, y la principal pérdida para la industria nacional y su reputación internacional es la eliminación del sistema de trazabilidad que rigió desde la creación del INV en 1959.
Se pierde la huella de la uva a la botella
El núcleo de la crítica reside en el quiebre de la cadena de seguimiento del producto. «La función central del INV desde su inicio fue establecer una trazabilidad integral, ‘del viñedo a la botella’, para certificar la genuinidad, el varietal y la añada del vino», explicó al respecto la referente de CEPA.
Este control estricto fue el garante que permitió a Mendoza y al país posicionarse en los mercados internacionales, a los que se destina el 25% de la producción total. La herramienta clave para este seguimiento era el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento obligatorio que trazaba el proceso desde el viñedo, el transporte, hasta el ingreso a las bodegas.
«La nueva normativa rompe ese esquema. El CIU será eliminado o, en el mejor de los casos, optativo. Será reemplazado por un simple certificado analítico de libre circulación que será rubricado por las bodegas», indicó.
“El control pasa a ser no preventivo en las distintas instancias previas al consumo, sino posterior, realizándose solo un control de aptitud alimentario en el vino terminado,” alertó la politóloga.
Riesgo sanitario y daño a la reputación
La flexibilización del control preventivo en una industria propensa a fraudes genera una alerta grave, no solo económica, sino sanitaria. “La industria vitivinícola ha tenido antecedentes de adulteraciones y estiramientos vínicos que ponen en jaque no solo la reputación de la marca país, sino que es una cuestión sanitaria muy importante,» recordó Palazzolo, citando el trágico precedente de los vinos Soy Cuyano y Mansero que en el pasado provocaron 29 muertes y numerosos casos de ceguera por la inclusión de metanol.
Además del riesgo para el consumidor, que ya no tendrá asegurado ese proceso de análisis previo, los cambios golpean directamente a los pequeños y medianos productores, que ven desaparecer la garantía oficial. “Para obtener una certificación de su uva, ahora se abre el interrogante de si aparecerá el negocio de las certificaciones privadas por fuera del INV, lo que generará costos adicionales y desigualdades», subrayó la experta.
Pérdida de herramientas contra el fraude económico
La eliminación del CIU y de los controles técnicos obligatorios también desarma a los productores en el ámbito económico y legal.
Un punto fundamental que deja de ser obligatorio es la determinación del tenor azucarino de la uva, un dato técnico que permite al INV conocer la graduación alcohólica natural y, por ende, determinar si los vinos han sido adulterados con agua u otras mezclas.
«La habilitación de lo que antes estaba prohibido tendrá implicancias económicas directas para los productores. En momentos de escasez, el estiramiento masivo de los vinos generará una caída de precios que afectará al eslabón más débil», vaticinó Palazzolo.
«Asimismo, el CIU no era solo un certificado técnico, sino que funcionaba como un título aprobatorio en litigios entre el productor y la bodega sobre las toneladas, las cantidades y las calidades de la uva. Sin esta herramienta legal provista por el Estado, los pequeños productores quedan indefensos ante posibles abusos», agregó en otro tramo del reportaje.
El Estado pierde capacidad para gobernar
Finalmente, la reforma implica una dramática pérdida de información oficial. El INV dejará de registrar datos cruciales como la cantidad de cosecha, los kilos ingresados, los varietales y el destino de la elaboración, e incluso la publicación de precios al consumidor, algo que ya había cesado en 1999. «Al desaparecer la estadística oficial, el único relato válido será el discurso dominante de las organizaciones que ostentan el poder: los grandes jugadores del mercado», sentenció la doctora en Ciencias Sociales.
«Elaborar una política pública de calidad y direccionada, que sirva al productor y al consumidor, es imposible, porque de esta forma se gestiona completamente a ciegas», añadió.
La politóloga concluyó que la sensatez indica que esta reforma debería haber nacido de la región de Cuyo, la principal afectada, y no de Buenos Aires. «La solución más racional es que los distintos sectores (viñateros, bodegueros y gobiernos provinciales) se sienten en una mesa, aúnen criterios y lleven directamente una propuesta de revisión al ministro Sturzenegger para garantizar la trazabilidad del vino, un estándar internacional recomendado por la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino)», concluyó.
