En un escenario de alta tensión diplomática y financiera alrededor de los recursos del Atlántico Sur, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional una batería de medidas punitivas contra las petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La decisión —que contempla la reactivación de la Ley 26.659 de sanciones a la exploración hidrocarburífera no autorizada— ya impactó de lleno en la Bolsa de Londres, provocando la baja en las acciones de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, además del retiro explícito de contratistas internacionales como Halliburton. En diálogo con FM Vos 94.5, Daniel Guzmán, excombatiente de la Guerra de Malvinas, periodista, analista político y director del portal especializado Agenda Malvinas, ofreció una lectura crítica del contexto geopolítico. Sostuvo que el giro oficial responde a una estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump hacia el Reino Unido por disputas en la OTAN, detalló el historial normativo desde 2011 y advirtió sobre la incertidumbre institucional que rodea la reactivación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
La trastienda de los anuncios: el marco internacional y el desplome bursátil en Londres
Para el director de Agenda Malvinas, la decisión del Poder Ejecutivo de aplicar el régimen sancionatorio no representa un instrumento novedoso en términos jurídicos, sino la puesta en marcha de un marco legal preexistente que estuvo paralizado por años, ahora dinamizado por la coyuntura política norteamericana. «Se trata de un anuncio acordado, pautado y conocido con la embajada norteamericana en Argentina, específicamente con la administración Trump. De ninguna manera el presidente Milei hubiera hecho semejante anuncio sin tener la anuencia del presidente de Estados Unidos. Es más, debemos tener la certeza de que el anuncio responde a una estrategia de Trump más que del propio Milei», aseguró Daniel Guzmán de entrada.
«Desde el año pasado, Donald Trump mantiene una fuerte tensión con el Reino Unido por dos motivos principales: la negativa británica a ceder sus bases en Chagos para las operaciones estadounidenses contra Irán y su resistencia a elevar al 5% del presupuesto el gasto en equipamiento militar exigido a los miembros de la OTAN. Frente a esta postura, la medida impulsada por Estados Unidos funciona directamente como una herramienta de presión geopolítica», argumentó.
«Lo que hace el presidente es tomar la Ley 26.659 —impulsada en el Senado por Fernando «Pino» Solanas en 2011 luego de que la colonia implantada lanzara un proceso licitatorio— y aplicar las sanciones. El viernes envió casi 50 notificaciones. El efecto concreto es que cayeron las acciones de las empresas en Londres: Rockhopper cayó un 3% y Navitas un 2,5%. Además, el pronunciamiento en bloque de gigantes como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes —que se retiraron del proyecto— refleja la venia de la administración norteamericana», precisó.
Del acuerdo Foradori-Duncan a la ofensiva actual: la viabilidad financiera del proyecto Sea Lion
El yacimiento petrolero bajo disputa en la cuenca de Malvinas, conocido como el proyecto Sea Lion, cuenta con reservas estimadas en 910 millones de barriles de petróleo. Guzmán analizó el impacto que la acción judicial y financiera puede causar sobre los inversores internacionales que comprometieron 1.800 millones de dólares para iniciar la fase extractiva en 2028. «Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se aplicaron estas sanciones y en 2015 la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) impulsó una acción penal federal en el Juzgado Federal de Río Grande que frenó el negocio. Con Mauricio Macri se levantaron esas restricciones mediante el Acuerdo Foradori-Duncan. Luego, en 2024, con la canciller Diana Mondino se firmó el acuerdo que le volvió a abrir las puertas a Gran Bretaña. Ahora hay un giro de 180 grados», consideró Guzmán.
«El problema central es de carácter financiero. Rockhopper y Navitas ya reunieron 1.800 millones de dólares para iniciar la explotación en el primer trimestre de 2028. Aunque intentarán sostener el proyecto frente a sus accionistas para no admitir el colapso, la realidad se impondrá cuando los inversores comprueben la efectividad de las decisiones políticas argentinas. Si las empresas ven bloqueada su posibilidad de operar en Vaca Muerta, difícilmente alguien arriesgará capital en una iniciativa sin futuro», coincidiá.
«Sacar esta piedra del camino es un hecho positivo en términos diplomáticos y de defensa de la República Argentina que debe ser sostenido y exigido, pero no puede depender de factores externos ni de que mañana Trump arregle la pauta presupuestaria con el primer ministro británico. Esto debe responder a una decisión soberana basada en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que prohíben modificar unilateralmente la situación de las áreas en disputa», enfatizó.
La Base Naval Integrada en Ushuaia: presencias extranjeras, presupuesto y contradicciones
En la segunda mitad de la entrevista, el veterano de guerra se refirió al anuncio de reactivación de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un proyecto logístico antártico concebido en la década de 1970 pero cuya ejecución ha estado marcada por la parálisis presupuestaria y los anuncios de participación militar estadounidense. «Desde el año 1972, la Marina y los organismos antárticos del país plantearon construir una base naval integrada que articule a las tres Fuerzas Armadas para brindar apoyo logístico a las 11 bases argentinas en la Antártida. Recién en 2022, el gobierno anterior destinó los primeros fondos para la obra en Ushuaia y el desarrollo de la base Petrel. Es un proyecto nacional histórico impulsado por pioneros del desarrollo antártico como Pujato y Leal», recordó.
«En abril de 2024, con la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, el presidente anunció el desarrollo de esta base con participación estadounidense. Esto genera ruido en las propias Fuerzas Armadas porque se trata de un proyecto soberano, no de una iniciativa combinada con una potencia extranjera. Sin embargo, en 2024 y 2025 la obra no avanzó por el incumplimiento en el envío de las partidas presupuestarias por parte de la Nación», aseveró.
«Existe una dimensión de contradicciones muy seria. Quince días antes de este anuncio, el mismo gobierno puso a la venta mediante el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) los terrenos destinados a la Base Naval Integrada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que vende los terrenos o al que dice que la va a construir?», planteó al cierre de la charla.
