Los miembros de la Cámara de Informática de Mendoza y el Polo TIC Mendoza, afectados por la profunda crisis económica y operativa que genera el cierre obligado de comercios, sumado a las dificultades que ya se arrastraban, salieron a pedir medidas de alivio fiscal y asistencia en el pago de sueldos.
“Tenemos inmovilizados los emprendimientos, con el agravamiento de que en este contexto seguimos teniendo cargas fiscales, pagando sueldos y acreedores, la famosa frase de la cadena de pago rota ahora la sufrimos en carne propia, tenemos cheques que hay que afrontar y los documentos recibidos que ya empiezan a mostrar problemas de fondos”, afirmó Juan Pablo Raimondo, presidente de la Cámara de Informáticos de Mendoza.
En el comunicado señalaron que “la multiplicidad de problemáticas que se están presentando en el sector nos lleva a platear una diversidad de medidas que en suma, o en forma particular puedan cubrir la complejidad de la situación generada durante y post crisis Covid 2019. Estamos convencidos que más de una de ellas serán comunes al sector Pyme, monotributistas y autónomos del cual formamos parte. La idea es sumar alternativas a las ya planteadas y/o dictadas con motivo de la crisis para otros sectores económicos”.
Al Gobierno nacional le piden la suspensión por 60 días del pago de aportes patronales y establecimiento de un plan de pago en cuotas posterior a los 60 días para quienes poseen nómina de empleados registrados menor a 50 personas. La ampliación de la condición de pago diferido de IVA de 3 a 6 meses para quienes tengan el certificado Pyme vigente. Poner a disposición del sector préstamos por un monto tres veces el último F931, a tasa preferencial (50% BNA) y según el impacto de las medidas de cuarentena. Plazo de pago a 24 meses, con 3 meses de gracia para capital de trabajo. También la postergación de vencimiento de ganancias y bienes personales.
Al Gobierno provincial, la postergación por 60 días en el pago de IIBB y establecimiento de un plan de pago en cuotas para todas las categorías de monotributo y empresas con certificado Pyme vigente. La adecuación a la normativa nacional de diferimiento en 90 días de las obligaciones tributarias provinciales para monotributistas y empresas con certificado Pyme vigente, una vez vencidos los plazos solicitados en el punto 1. La cancelación inmediata de los pagos pendientes a pymes contratistas de obra pública por parte del Estado provincial y grandes empresas que hayan subcontratado servicios.
Desde el sector advirtieron que “entendemos que las medidas planteadas ayudarían a sostener un sector que necesita asistencia para mantener emprendimientos viables. Estas solicitudes las hacemos desde el convencimiento absoluto de que de no recibir una asistencia apropiada, perderán sus emprendimientos con el consecuente impacto en el empleo”.
