En 13 años, las FARC recaudaron más de 960 millones de dólares en secuestros

Entre 1996 y 2012 las Farc recaudaron 3,6 billones de pesos como producto de secuestros extorsivos (más de 960 millones de dólares), según difundió la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial de Paz.

Asimismo, señalaron que para llegar a esa cifra la entonces guerrilla acumuló por esa práctica “millones de pequeñas, medianas y grandes transacciones incuantificables” y que esos factores “explican la dificultad para cuantificar los ingresos por extorsión».

«Este informe describe que dentro del conjunto de reglas y procedimientos que promulgó las FARC dentro de su estructura jerárquica, aquellas que tuvieron como objetivo la regulación de sus finanzas ocuparon un lugar destacado», describe el ente acusador en un comunicado.

Lo mismo sucede con los dineros provenientes del narcotráfico. Según los datos que tienen, que no son todos, la Fiscalía estima que entre 1999 y 2016 las FARC obtuvieron más de 2.214 millones de dólares (7 billones de pesos). Por su parte, los 1.670 bienes suman más de 632 millones de dólares.

«Nunca en la historia judicial se podrá dar cuenta de cuánto se generó en materia de ingresos por narcotráfico, pero el informe que presentamos a la JEP muestra testimonios y documentos recaudados por la Fiscalía General de la Nación que habla de sumas billonarias», dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

La Fiscalía también determinó que «las FARC en distintos momentos del tiempo lograron acumular los siguientes activos: 545 predios urbanos; 5228 predios rurales; 267 bienes baldíos por más de 2.130 hectáreas; 254 establecimientos comerciales; 792 mil semovientes, particularmente ganado vacuno; 1.176 automotores; 232 activos que hemos identificado en el exterior (…) y varias evidencias de caletas de dinero».

Por su parte, el total de bienes de la desmovilizada guerrilla (hoy convertida en partido político de izquierda), se enumera en 1.670, por un valor total de 2,3 billones de pesos.

Además, la Fiscalía indicó que en lo referente a la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado entre 1985 y 2016 “se registró información de 536 víctimas”.La mayor parte de ellas, informó, se registró en Antioquia (134 víctimas), Bogotá (75 víctimas) y Arauca (53 víctimas), que concentran el 48,8 por ciento del total de víctimas identificadas en el informe.

Por último, en el documento se detallo que el número de víctimas corresponde a »líderes sociales o integrantes de organizaciones cívicas, activistas políticos, sindicalistas, líderes o integrantes de organizaciones defensores de derechos humanos, líderes o integrantes de organizaciones indígenas y campesinas, académicos y líderes estudiantiles».