En Mendoza: buscan implementar una “Certificación de desarrollo sostenible” para para establecer estándares de pymes y ONGs

A través de la Cámara de Senadores de Mendoza, surgió un proyecto a través del cual proponen implementar un programa de certificación de desarrollo sostenible para pequeñas y medianas empresas, profesionales liberales y ONGs. Al respecto brindó detalles mediante FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael, Germán Vicchi, legislador autor de la iniciativa.

El senador Germán Vicchi (PRO) expresó que existe un cambio mundial, en el que las empresas están empezando a trabajar y no solamente a buscar un beneficio económico, generando –desde el lugar que les toca– un impacto social y ambiental específico. “En general, todo este tipo de certificaciones que son internacionales son muy costosas para lo que son las pequeñas y medianas empresas nuestras, y requieren tener permanentemente un recurso humano disponible para lograr esos estándares mínimos que requiere una certificación internacional”, dijo y agregó: “Nosotros lo que estamos proponiendo es una certificación local (de la provincia), a la cual hemos denominado ‘certificación M’ (por Mendoza)’, y lo que buscamos es que las empresas empiecen a transitar este camino de no solamente buscar un beneficio económico, sino también que las actividades que realicen tengan un impacto social y también medioambiental”.

Los parámetros que se utilizarían para dar la certificación serían –entre otros– el manejo eficiente del agua, el buen uso de la energía, y el trabajo correcto con los residuos. “Estamos buscando que eso no tenga ningún costo, sino que se utilice el recurso humano que existe disponible en la provincia, donde se puede establecer un listado de consultores específicos, es decir que no importe dónde esté tu empresa sino que vas a poder disponible a través de una plataforma web un consultor, que va a ir a través de todos los pasos que deben seguirse para dar con la puntuación indicada para acceder al beneficio”, adelantó y aclaró que consideran que “esto es una inversión para el Estado, porque si el Estado tiene un costo en la implementación de este sello, tendrá una ganancia por otro lado, ya que al mismo tiempo tendrá uso más eficiente de los recursos, generación de menos residuos y de nuevos empleos”. Se desea así un Estado menos coercitivo, y que incentive al privado a transitar un camino de más eficiencia y buen impacto social.