En qué consiste el límite a las prisiones preventivas oficializado por el Gobierno

A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el límite a las prisiones preventivas en base al contenido del nuevo Código Procesal Penal que, a partir de esta resolución, debe ser aplicado en los tribunales federales de todo el territorio nacional.
La Resolución 2/2019 ordena implementar partes del nuevo Código en tribunales con competencia penal en todas las jurisdicciones federales del país. Entre esas partes, se fija el límite al uso de la prisión preventiva.
En términos penales, la prisión preventiva es la herramienta que tiene un magistrado para privar de su libertad a la persona acusada de un delito antes de la sentencia. Se aplica, en general, para evitar el entorpecimiento de pruebas existentes en el proceso, presión sobre testigos o ante el riesgo de fuga del procesado.
Las pautas adoptadas por el nuevo Código para regular las restricciones a la libertad antes de la condena apuntan a ponerle fin a “criterios arbitrarios” que surgen a la hora de resolver el arresto preventivo de una persona imputada por un determinado delito, según se desprendió del análisis del documento.
Si bien la figura de la prisión preventiva continuará vigente, particularmente para casos en los que existe la posibilidad de que se fugue el procesado o se acreciente el riesgo de entorpecimiento probatorio, la nueva normativa promueve “métodos alternativos de resolución de conflictos”.
“A su vez, y a fin de regular de forma precisa y concreta frente a qué circunstancias fácticas verificadas en el proceso se podría presumir ese riesgo, efectuó luego una descripción precisa y circunstanciada de estos supuestos”, expresa la resolución.
“Son muchas las medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso, sin apelar a la prisión preventiva del procesado”, aseveran desde el ámbito judicial.
En San Rafael, por ejemplo, el uso de la prisión preventiva es habitual en la justicia ordinaria. El fiscal del caso tiene 10 días hábiles para convocar a una audiencia en la que solicita esa medida para resguardar su investigación, la que debe ser resuelta por un juez de garantías. El proceso, en ese caso, llega al juicio bajo arresto, salvo que exista una disposición contraria previa al debate.
Por ahora, la disposición oficializada por el Gobierno no alcanza a los fueros provinciales pero marca un precedente en el futuro uso de la prisión preventiva por parte de los magistrados de esa órbita.