El abogado Carlos Blanco y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ante el Ministerio Público Fiscal. El motivo, según afirmaron, es el uso de fondos provinciales para la ejecución y el mantenimiento de rutas nacionales, tareas que corresponden al Estado Nacional y no a la jurisdicción local. La presentación apunta a posibles delitos de malversación de fondos públicos y violación al principio de legalidad presupuestaria.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Carlos Blanco explicó que la denuncia “está orientada a poner de manifiesto que el gobernador está usando fondos públicos para resolver problemas que debería resolver el Estado Nacional”. Y añadió: “Entendamos que el gobernador no usa plata de él, usa plata de todos los mendocinos”.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el destino de los fondos originalmente comprometidos para el proyecto Portezuelo del Viento, cuya ejecución fue cancelada. En lugar de canalizar esos recursos hacia nuevas obras productivas o energéticas, se estarían utilizando –según el denunciante– para tareas de reparación de rutas nacionales, como el bacheo de caminos.
“Se ha dado otro destino (a esos fondos), como salir a tapar los baches que el Gobierno Nacional no está haciendo”, expresó Blanco. Y remarcó: “Hay incumplimiento de los deberes del funcionario, porque hay obras que no se están ejecutando y eso pone en riesgo la vida”.
De acuerdo con la denuncia, esta situación también supone una “renuncia tácita” por parte del Gobierno de Mendoza a reclamar los fondos que le corresponderían de Nación para la ejecución de esas obras. “En vez de salir a resolver los problemas del Gobierno Nacional, lo que tendría que hacer es exigirle al Gobierno Nacional que realice esas obras o que otorgue los fondos para que la provincia los pueda realizar”, insistió el abogado.
Otro de los puntos planteados en el escrito judicial se vincula a la falta de respaldo en el presupuesto provincial para los gastos mencionados. En este sentido, Blanco cuestionó: “No tenemos una previsión presupuestaria específica para realizar esas obras. El gobernador lo que tendría que decirnos es qué obras va a dejar de hacer para poder hacer las reparaciones de las rutas nacionales”.
A su vez, cuestionó la falta de claridad sobre el origen de los recursos: “En ningún momento dice qué es la plata, si hay un aumento de las partidas, una ampliación de las partidas, o si es una partida destinada a determinada obra que hoy se va a utilizar para otra”.
Esta situación, de acuerdo con los denunciantes, constituiría una violación a la Constitución Provincial, ya que no se observa “ninguna partida destinada a ese fin” en el presupuesto aprobado por la Legislatura. “El presupuesto es la ley de leyes. Con el presupuesto aprobado, el gobernador no se puede correr de lo que dice que va a gastar o cómo lo va a gastar”, sostuvo Blanco. Y añadió: “Si él define hacer una cosa distinta, tiene que decirnos cuál es la obra que se va a quedar sin financiamiento”.
Además, remarcó que ni en el presupuesto ni en la ley de ratificación del convenio entre provincia y Nación se prevé una ampliación o reacomodación presupuestaria para afrontar esas obras. “En el presupuesto provincial en ningún momento tenemos un ítem que dice reparación de obras de rutas nacionales ubicadas en la provincia. La ley que se aprobó en la legislatura tampoco dispuso una ampliación del presupuesto o una reacomodación de la actividad para que esto se pueda llevar adelante”, insistió.
La denuncia fue presentada el lunes por la mañana ante el Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá decidir si avanza con la investigación. “La obligación, cuando un funcionario entiende que hay una posible comisión de un delito, es denunciarlo”, explicó Blanco, y sostuvo que será la Fiscalía la que “debe investigar y determinar efectivamente si hubo o no delito”.
Por último, Blanco subrayó que esta situación se da en el marco de una retirada del Gobierno Nacional en materia de obra pública, lo que obliga –según dijo– a los gobiernos provinciales a asumir responsabilidades que no les competen. “El mantenimiento de la ruta es un factor de seguridad para todos los mendocinos y los argentinos que transitan por ella. La solución es exigirle al Gobierno Nacional que haga lo que le corresponde y no salir a resolverle los problemas con la plata de los mendocinos”, manifestó.
