Como en muchos otros puntos del país y especialmente en Buenos Aires, en San Rafael se reunió un grupo de manifestantes vinculados de una u otra forma a la discapacidad. Reclamaban que el Congreso hiciera lo que finalmente hizo: aprobar la ley de emergencia en discapacidad, que tendrá vigencia hasta fines de 2027, que reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y simplifica el acceso al Certificado Único de Discapacidad.
Alrededor de 15 personas, entre ellos gente con discapacidad, como así también familiares y allegados, se reunieron en el kilómetro cero para hacer oír un reclamo que resuena a nivel nacional: mejoras en la economía de quienes atraviesan algún tipo de discapacidad, sosteniéndose en leyes ya existentes.
Desde el diario de los sanrafaelinos, dialogamos con algunos de los presentes. Sonia Vázquez, mamá de una nena con parálisis cerebral expresó que la salida a la calle a manifestarse tenía que ver con “explicarle al resto de la sociedad qué es lo que está pasando realmente”. “Esto no nos implica solamente a los padres con discapacidad”, señaló. Respecto de un posible veto, agregó: “Sabemos que estamos en una etapa de recesión, entendemos, somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo en el país, pero las necesidades de nuestros hijos sobrepasan todo poder económico que está vigente. Podemos entender que ‘no hay plata’, pero también entendemos que nuestros hijos tienen necesidades. Cuando se habló de la ‘motosierra’, se habló de terminar con un montón de gastos innecesarios, pero lo nuestro no es innecesario: lo nuestro es más que necesario. La calidad de vida de nuestros hijos depende de las prestaciones que reciben”, insistió. Es que necesitan kinesiología, fonoaudiología y muchos otros tratamientos. “No estamos hablando de algo placentero, sino vital para la vida de nuestros hijos”, subrayó.
Jimena, docente de Educación Especial, manifestó: “Como prestadora es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo, y es que al no haber aumento en el nomenclador nuestra calidad de vida va desmejorando. Muchas veces llegamos al trabajo con nuestros propios medios: no nos alcanza para el transporte, no nos alcanza para vivir durante todo el mes porque desde diciembre no hay modificaciones en el nomenclador y el sueldo, en seis meses, no ha tenido ninguna variante y la inflación ha aumentado”. “No es un capricho, no es que quiera ser millonaria con este trabajo, pero tiene que ver con la empatía: estar con estas personas que lo necesitan”, concluyó.
Soledad Puerto cuenta con una obra social nacional, sus prestadores dan el servicio y demás. No obstante expuso que “a la mayoría de los prestadores no se les está actualizando el nomenclador de las prestaciones, entonces está en grave peligro la continuidad de las prestaciones, porque la vida sigue, los servicios aumentan, y la inflación no es lo que fue pero sigue siendo fuerte, y la gente tiene que sobrevivir a pesar de todo”.
Algo que hicieron los padres, fue juntar firmas para que, a nivel provincial, el Defensor de las personas con discapacidad conteste sus pedidos.
Al cierre de esta edición, la normativa fue aprobada, aunque el presidente Javier Milei amenazó que la vetará y judicializará.
