La reciente reglamentación de la Ley que pone en marcha el programa «Modo Testigo» en Mendoza, introduce una herramienta que modifica sustancialmente la interacción entre el Estado, la tecnología y el comportamiento ciudadano en el espacio público. Al habilitar una línea oficial de WhatsApp para que los particulares envíen fotografías y videos de presuntas infracciones viales, el Gobierno provincial busca abrir un canal de colaboración comunitaria en un contexto donde los teléfonos móviles se han convertido en registros cotidianos de la realidad urbana. La medida, sin embargo, abre un abanico de interrogantes prácticos y éticos que invitan a reflexionar sobre los límites y las verdaderas implicancias de este nuevo paradigma de control.
Desde la perspectiva del diseño institucional, la normativa contempla una serie de resguardos que buscan atemperar las lógicas de la punición directa. El esquema prevé una primera etapa estrictamente preventiva y de concientización, orientada a la difusión de conductas de riesgo en plataformas oficiales resguardando la identidad de los involucrados, para luego avanzar hacia una integración formal con la aplicación «Mendoza x Mí», donde el material servirá como indicio preliminar para los juzgados viales. El hecho de que la norma determine que estas imágenes no constituyen una prueba directa automática y que se prohíba que sea el propio conductor quien realice el registro, expone un esfuerzo por encuadrar la iniciativa dentro de la legalidad y evitar situaciones que pongan en riesgo la propia seguridad vial.
No obstante, la implementación de un canal de estas características instala una duda razonable sobre la mutación de los lazos sociales en la comunidad. Al formalizar la figura de la comunicación ciudadana para reportar faltas ajenas, el sistema transita por una delgada línea entre el fomento del compromiso civil y el riesgo de generar un clima de susceptibilidad o desconfianza mutua en la vía pública. ¿Es factible sostener la objetividad cuando la fiscalización queda supeditada a la mirada azarosa y al dispositivo personal de un tercero? Aunque los filtros estatales prometen descartar materiales editados o inconsistentes, la delgada frontera entre la colaboración con la norma y la vigilancia informal despierta un dilema sociológico evidente.
Este escenario cobra una dimensión singular en el entramado del interior, como ocurre en San Rafael, donde la dinámica diaria se rige por vínculos de proximidad y un fuerte sentido de vecindad. El interrogante de fondo no radica en la validez del uso de la tecnología para optimizar los recursos de control —una tendencia irreversible a nivel global—, sino en la capacidad de estas medidas para generar una verdadera educación cívica sostenible en el tiempo. El éxito o el fracaso del «Modo Testigo» no debería medirse únicamente por la cantidad de reportes procesados, sino por su aptitud para consolidar una cultura del respeto mutuo en el llano, evitando que un canal diseñado para la prevención se transforme en un factor de discordia o recelo en la vida cotidiana de nuestras calles.
