Entrega de tierras del INAI a autopercibidos mapuches: “Esta medida es una aberración jurídica, institucional e histórica”

Ya hace más de un mes que el gobierno nacional, a través de las resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), se encargó de oficializar la entrega de tierras, en su totalidad productivas, a comunidades que se autodenominan mapuches.
Ante esto, desde el gobierno provincial expresaron su total disconformidad e iniciaron diversas gestiones con el objetivo de plantear la nulidad de esta medida que es considerada unilateral y arbitraria.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez Rosaz, es uno de los funcionarios que está encabezando este reclamo. En una entrevista que brindó a la emisora radial FM Vos 94.5, aseguró que esta ley no tiene vigencia, y que desde el INAI jamás se preocuparon por comunicarse con el Estado provincial.
«Ante estas tres resoluciones del INAI que les otorgó la ocupación de las tierras a tres comunidades que se autoperciben mapuches, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, dispuso inmediatamente que todos juntos nos pongamos a trabajar sobre este tema. Entonces, presentamos los recursos administrativos correspondientes ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al cual el Congreso de la Nación, y por medio de la ley de emergencias 26160, le delegó la potestad de hacer relevamientos en todo el territorio de la República Argentina. El fin era saber qué comunidades ancestrales existen en el país. Ahora bien, como toda ley de emergencia tiene un plazo, se estaba tramitando la prórroga de la misma en el Congreso de la Nación, pero el presidente Alberto Fernández dictó un decreto de necesidad y urgencia para extenderla», explicó detalladamente Ibáñez Rosaz a nuestro medio de comunicación.
«Esta ley es técnicamente inconstitucional, al igual que el decreto posterior. Esto es lo que hemos planteado ante el INAI. Dejando esta cuestión de lado, la ley dice que los relevamientos se deben llevar a cabo con la participación de las provincias y/o municipios con autoridades de Parques Nacionales. De todas formas, antes que nada, las comunidades deben tener personería jurídica, en estos casos no la tienen y la provincia tuvo nula participación en el relevamiento que supuestamente hicieron», determinó el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, haciendo referencia a las falencias que habrían existido en estos procedimientos que se han llevado adelante.
Además, el funcionario trazó un paralelismo con lo que ha ocurrido en otra provincia. «Incluso, la Corte Suprema falló a favor de Neuquén sobre el INAI, ya que no tuvo una debida participación en un proceso de relevamiento que había hecho ese instituto. El fallo dice que es una facultad de la provincia participar de forma real y efectiva. En cuanto a Mendoza, yo revisé y estudié los tres expedientes completos del INAI. Lo único que hicieron fue contratar a unos profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que realizaran una encuesta con total liviandad. No se contentaron con eso, y así como si nada, le dieron la ocupación de las tierras a esas comunidades (Lof El Sosneado, San Rafael, y Suyai Levfv, en Malargüe)», añadió.
«Entregaron 26 mil hectáreas cuando en realidad, la Suprema Corte de la provincia de Mendoza ya tenía tramitado un proceso mediante el cual había ordenado el desalojo de estas personas. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación sostiene que estos litigios de los territorios que involucran a las provincias y a los privados, se deben resolver mediante la autoridad de la Justicia Provincial. Acá en el medio no hay nada, ningún parque nacional que dependa de la Nación, por este motivo, es un absurdo que un instituto de tercera línea le dé la ocupación de esas tierras a un grupo de pseudos mapuches. Esta medida es una aberración jurídica, institucional e histórica», lanzó Víctor Ibáñez Rosaz.
Luego, comentó en qué instancias se encuentra el reclamo iniciado por Mendoza. «Ya presentamos los recursos, ahora el INAI tiene un plazo para responder (menos de 30 días), y si el resultado no es favorable, iremos a la Corte Suprema de Justicia. Hay que destacar que esta decisión es arbitraria y sólo otorga las tierras a estas comunidades en Mendoza, ya que en otras provincias, que tienen el mismo color partidario político que el gobierno nacional, se limitaron únicamente a realizar un relevamiento. Hay intromisión e inconstitucionalidad en este tipo de decisiones», afirmó Ibáñez.
A su vez, desmintió algunas versiones que han circulado y volvió a remarcar que el Estado provincial nunca fue consultado por el INAI sobre este delicado tema. «Es una cuestión política, a quien piense lo contrario lo invitaría a debatir cara a cara y que conozca primero los expedientes que están en el INAI. Que los lea, revisé y después vemos si sigue opinando lo mismo. Que nos diga cuál fue la participación de la provincia en el relevamiento», manifestó el ministro.
Para finalizar, indicó que las tierras cedidas cuentan con una gran riqueza productiva. «En esa zona hay aproximadamente unos 55 pozos petroleros. Esto atenta contra Vaca Muerta del lado de la provincia de Mendoza. Acá el problema es que las autoridades nacionales ejercen ciertas atribuciones que no les compete. Evidentemente, existe un interés político de manifiesto. Es algo muy grave. Los tres recursos llevan la firma del gobernador Rodolfo Suárez y del Fiscal de Estado. Vamos a discutir esta cuestión hasta el último minuto, no hay un historiador que afirme que los mapuches hayan habitado en Mendoza. Tenemos muy en claro que la ley es institucional y conocemos la historia de nuestra tierra, por esta razón, en los recursos presentados adjuntamos los estudios históricos que avalan la decisión que hemos tomado», concluyó Víctor Ibáñez Rosaz.