El gobierno provincial cesanteó a tres trabajadores del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública por incumplimiento de sus funciones, según se informó a través de los decretos 1560 y 1561, publicados este jueves en el Boletín Oficial.
Uno de los agentes estaba a cargo de la entrega de tarjetas SUBE y una de sus funciones era tramitar los abonos a los pasajeros que cumplían con los requisitos para poseerlos.
Sin embargo, según una auditoría interna efectuada por el Centro de Atención Ciudadana, con el usuario de este trabajador se efectuó el alta de abonos a personas que no contaban con la documentación respaldatoria para obtener el beneficio.
“Es posible otorgar una SUBE con beneficios sin que el solicitante presente la documentación que acredita la condición de beneficiario, dado que es responsabilidad exclusiva del agente a cargo del otorgamiento de la tarjeta, solicitar, agregar y controlar la documentación requerida en cada caso para la entrega de una SUBE con beneficios”, explica el decreto.
“El agente asumió una serie de conductas reiteradas, pudiendo haberse provocado un grave daño patrimonial”, agrega.
El empleado fue sumariado y a pesar de que negó haber realizado estas acciones, no pudo presentar pruebas que demostraran su inocencia, por lo que se determinó su despido por “irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones”.
Por otra parte, dos empleados que cumplían sus funciones en la presa El Carrizal, bajo la órbita de la Dirección de Hidráulica, fueron despedidos por faltar a sus puestos de trabajo durante algo más de dos meses.
Según se detalla en el decreto, ambos trabajadores debían registrar su asistencia en una planilla que se encontraba en una garita de seguridad de una empresa privada, ubicada en el barrio construido junto a la presa, y debían asistir de manera diaria a pesar de que no hubiera trabajos a realizar.
Las inasistencias ocurrieron entre el 7 de enero y el 14 de marzo del 2022, fecha en la cual quienes se encargan de supervisar la asistencia se percataron de lo que estaba ocurriendo.
Los empleados intentaron argumentar que “nunca se aclaró que en esa instalación de una empresa privada era donde se tenía que registrar el ingreso diario a sus labores“, argumento que fue desestimado, ya que este sistema se estaba aplicando desde septiembre del 2021, y ellos cumplieron durante cuatro meses con completar las planillas correspondientes.
Fuente: El Sol
