El Gobierno promulgó este jueves la Ley 9.718, un paquete de reformas económicas y administrativas que incluye la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia desde este 23 de julio.
Uno de los principales ejes de la ley es la adhesión de Mendoza al RIMI, creado por la Ley Nacional 27.802. La normativa establece beneficios complementarios para las empresas que realicen inversiones productivas en la provincia durante un plazo de diez años.
Entre ellos figuran estabilidad impositiva, acceso preferencial a programas de financiamiento, capacitación, fomento del empleo y parques industriales, además de facilidades para el pago del Impuesto de Sellos. Para acceder a esos incentivos, las firmas deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
El segundo capítulo dispone la disolución de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, organismo creado por la Ley 6.071. La liquidación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que designará un liquidador con facultades para administrar los bienes, resolver la situación del personal, cancelar deudas y transferir las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. al Gobierno provincial.
La norma también prevé que Mendoza Fiduciaria asuma el rol de fiduciaria en los fideicomisos donde actualmente interviene el Fondo y habilita al Ejecutivo a implementar nuevos mecanismos de financiamiento mediante bonificación de tasas de interés para proyectos de inversión.
Otro de los puntos centrales es la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La ley faculta al organismo, por el plazo de un año, a modificar su estructura, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera. Además, suspende temporalmente algunas restricciones presupuestarias para facilitar ese proceso y autoriza al Ejecutivo a realizar los aportes necesarios para asegurar el funcionamiento del instituto.
En materia laboral, el paquete legislativo contempla un esquema para el personal alcanzado por las reformas. Establece la posibilidad de acceder a un retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización prevista por la normativa vigente, la reubicación en otras áreas de la administración pública o, en caso de no encuadrar en esas alternativas, la desvinculación con el pago de la indemnización correspondiente. Asimismo, garantiza la continuidad de la cobertura de OSEP para los trabajadores desvinculados y su grupo familiar en las condiciones fijadas por la ley.
El texto también autoriza al Poder Ejecutivo a depurar activos considerados incobrables administrados por la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO), cancelar garantías vinculadas a esos créditos y avanzar en el cierre de cuestiones administrativas pendientes.
Finalmente, la ley invita a los municipios mendocinos a adherir al capítulo referido al RIMI para otorgar beneficios complementarios dentro de sus jurisdicciones. La norma tiene vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
