Con el objetivo de combatir la ineficiencia y la negligencia en la administración pública, la Legislatura provincial sancionó una nueva ley que habilita sanciones a funcionarios que no respondan en tiempo y forma a los reclamos de los ciudadanos. Fue sancionada el 24 de junio de 2025 y publicada este lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial 32414. El autor de la iniciativa, el senador del Partido Demócrata Armando Magistretti, explicó los alcances de la normativa en el marco de la denegación tácita y el amparo por mora.
En ese sentido, el senador detalló que el proyecto aprobado se compone de dos leyes que buscan terminar con la negligencia en el ejercicio de la competencia por parte de los funcionarios. «El problema central que la ley busca resolver es el silencio del Estado, es decir, la falta de respuesta ante las solicitudes de los ciudadanos que consideran que se ha vulnerado uno de sus derechos», expresó Magistretti a FM Vos 94.5.
Más adelante, Magistretti definió la denegación tácita como la situación que se produce cuando un ciudadano solicita una respuesta al Estado y, al pasar el tiempo sin recibirla, se considera que la solicitud ha sido negada, aunque no haya una respuesta formal. «Esto habilita al ciudadano a recurrir a la Justicia a través de un amparo por mora, que es un instrumento legal para reclamar por el retraso de la administración pública», aseguró.
La clave: identificar
al funcionario
negligente
La principal novedad de la ley es que, al momento de admitir un amparo por mora, la Suprema Corte de Justicia está obligada a identificar al funcionario responsable de la demora. «Esta identificación no es menor, ya que activa la aplicación de sanciones previstas en el régimen de empleo público, que pueden ir desde un apercibimiento hasta la obligación de responder con su propio patrimonio por los costos de los juicios», destacó Magistretti.
Dentro de ese contexto, el entrevistado subrayó que la inacción de los funcionarios genera un costo directo para el Estado. «En un año se registraron más de 150 sentencias por amparos por mora, con costas que ascienden a cifras millonarias, que son finalmente pagadas por todos los contribuyentes», remarcó.
Múltiples beneficios: ciudadanos, Estado
y empleados
El senador aseguró que la nueva ley trae beneficios para toda la sociedad. «Por un lado, beneficia directamente a los ciudadanos al forzar a la administración a dar una respuesta a sus reclamos, evitando el cajoneo de expedientes», resaltó.
«Por otro lado, la ley protege los recursos del Estado, al evitar que pague por la ineficiencia de algunos de sus empleados. Finalmente, también beneficia a los funcionarios de carrera, que en ocasiones son presionados por sus superiores políticos para retrasar trámites. La nueva ley les da una herramienta para defenderse, ya que podrían ser considerados responsables de las demoras», completó.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, y Magistretti anunció que trabajan en una nueva iniciativa para que los funcionarios presenten una declaración jurada de los familiares que tienen trabajando en el Estado.
